Nueve meses y contando. Ese es el tiempo transcurrido desde septiembre pasado cuando el entonces Procu de Coahuila y ahora Fiscal General del Estado, Jesús Torres Charles, anunció la creación de un nuevo grupo antisecuestros ante la ola de plagios en la región. Como se recordará, el anuncio de don Jesús fue secundado por el gober Humberto Moreira en una reunión con empresarios que se dio luego de que "ipecos" locales acusaran al Gober de que no atendía la alarmante alza en plagios que azota a Torreón. Se dijo entonces que la creación del grupo y el entrenamiento de sus miembros tomaría tiempo, al igual que la construcción de cuarteles para rotar a los integrantes del nuevo grupo por el estado.
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Pero a nueve meses aún se espera la activación del mentado grupo y, como reveló un reporte del Sistema Nacional de Seguridad Pública, Coahuila es parte de los 17 estados que no han cumplido con la creación de un grupo antisecuestros pactada desde agosto pasado, cuando el famoso “si no pueden, renuncien”, de Alejandro Martí. Dicen en los altos niveles del “Gobierno de la Gente” que el grupo hará su próxima aparición, pero hasta ahora no se ha visto nada. Pero al menos Coahuila reportó algo de avance en la conformación del grupo, pues Durango ni le ha entrado. Mientras tanto, los secuestradores en la Comarca Lagunera se siguen dando vuelo y las detenciones se dan a cuentagotas y de pura “chiripa”.
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Y en esto de la seguridad, al alcalde José Ángel Pérez le anda saliendo el tiro por la culata con el asunto del despido de 302 policías que anunció hace ya tres semanas. El anuncio el 19 de mayo buscó dar un golpe tipo “michoacanazo” para dar la idea de un combate frontal a la corrupción policiaca. El problema, como también parece tenerlo el golpe de Michoacán, es que hicieron las acusaciones, pero no las sustentaron. En otras palabras, pusieron la carreta delante del caballo y ahora en el Municipio no hayan cómo hacerle para vincular a 298 policías con los delitos como robo, extorsión o secuestro de los que los acusó don José Ángel. Hasta ahora, sólo cuatro agentes han sido formalmente acusados, uno por secuestro, otro por una golpiza a un ciudadano y dos por robo. Sobre el resto, tan mal andaban con las pruebas que el presidente del Tribunal de Justicia Municipal, Enrique Arroyo, prefirió negociar su renuncia y liquidación. Si bien 150 de los policías despedidos habían reprobado las pruebas de confianza, la otra mitad al parecer no daba motivos para su cese, pero fueron incluidos en el paquete. El problema ahora para el Municipio, que sigue pagando a los policías “cesados”, es qué hacer con los agentes que rechacen aceptar la renuncia y liquidación e insistan en permanecer en la Policía, porque no hay elementos para echarlos. Dicen las malas lenguas que el Alcalde buscaba dar un golpe espectacular, pero se fue de frente sin medir las consecuencias. Nuestros subagentes comentan que se dice que la ganancia del Alcalde ante la opinión pública fue mínima, pues algunas encuestas que midieron la reacción ciudadana en este caso indican que si bien la mayoría de los entrevistados elogiaron el despido de los policías, fueron pocos los que dijeron que tal acción había mejorado su impresión del Alcalde. ¿Será?
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Como en este país se nos da mucho tapar el pozo después de ahogado el niño, tras la tragedia en una guardería del IMSS en Hermosillo, donde el fuego mató a 45 pequeños, rápidamente las autoridades de Protección Civil estatales y municipales se pusieron a verificar que las guarderías del IMSS cumplan con las medidas de seguridad. Pero lo que les ha pasado de noche ha sido la revisión de las estancias infantiles que administra la Secretaría de Desarrollo Social federal. Las estancias son un novedoso programa que ofrece apoyos a personas que operan guarderías de manera privada e informal para quienes no son derechohabientes del IMSS, ofreciéndoles financiamiento y orientación sobre el cuidado de niños y medidas de seguridad. Hasta ahora, los delegados de Sedesol en Coahuila, Luis Fernando Salazar, y Durango, Félix Cháidez, no han dicho esta boca es mía sobre las estancias que constituyen una red paralela de guarderías. A lo mejor se les fue el habla del susto pensando que pudiera haber una inspección de esas estancias, o simplemente andan ocupados en otras cosas. Basta decir que don Félix ya tiene una demanda del PRI en la Fiscalía Electoral por repartir apoyos en tiempos de elecciones y a don Luis Fernando los tricolores en Saltillo ya lo traen por lo mismo, preparando una demanda y exigiendo que se separe del cargo durante el proceso electoral. Quizá por eso andan tan distraídos.
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Instalados en una cómoda ventaja rumbo a las elecciones del 5 de julio, los candidatos a diputados federales del PRI ya ni ven la necesidad de llevar su campaña a los terrenos donde deben debatir las ideas que llevarían a la Cámara cuando empiecen a cobrar en septiembre. Las encuestas muestran una ventaja del tricolor que los panistas buscan remontar entrándole a cualquier foro donde los inviten. Pero del lado del PRI prefieren bajar el perfil y dedicarse a atender a su base. Fue el caso del candidato en el distrito 6, Héctor Fernández Aguirre, quien declinó aparecer en un encuentro organizado por una conocida radiodifusora junto a sus rivales Luis Gurza, del PAN, y Felipe Esquivel, del PRD. Nuestros subagentes reportan que el único debate al que don Héctor acudirá, es el organizado por el propio Instituto Federal Electoral, pero ahí va a estar cómodamente sentado entre el grupo completo de candidatos en ese distrito, incluyendo los de los partidos “morralla” como Nueva Alianza, el PSD, el Verde y la alianza PT-Convergencia. De esa forma, ni siquiera habrá debate, sólo un prolongado “rollo” de cada uno de los candidatos. Así las cosas, no es casualidad que muchos electores piensen anular su voto después de ver tanto circo.
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Mientras las elecciones federales todavía están en curso, a algunos grillos coahuilenses ya los quema la calentura por el siguiente proceso electoral que vivirá el Estado, en octubre, para renovar ayuntamientos. En los círculos del PRI y el “Gobierno de la Gente” ya hay algunos cuadros que miran al 10 de agosto, que es la fecha para renunciar a sus encargos si es que quieren lanzarse de alcaldes, lo cual significará que el gober Humberto Moreira podría meterle de nueva cuenta el Gabinete y el Congreso del Estado. Por ahí se quieren apuntar: el secretario de Fomento Económico, Jorge Alanís, para la alcaldía de Ramos Arizpe; la diputada Verónica Martínez González, para Múzquiz, y obviamente los vicegobernadores Eduardo Olmos y Antonio Juan Marcos para Torreón. En otros municipios, los “gallos” del Gober ya van a estar desempleados, como Jericó Abramo Masso, quien termina como diputado justo a tiempo para lanzarse a perseguir la sagrada nómina por la alcaldía de Saltillo. Pero nuestros subagentes en la peronera capital reportan que los aspirinos han sido debidamente aleccionados para que no se muevan antes de tiempo y esperen a que pase el proceso federal, porque si se “calientan” y se mueven, no van a salir en la foto.
