Los debates entre candidatos a diputados federales organizados por el Instituto Federal Electoral pintaban para ser ejemplos de aburrimiento, pero he aquí que algunos candidatos decidieron ponerle sabor al caldo y convirtieron los foros en agarrones bastante entretenidos. El que más dio de que hablar fue el del distrito 6 de Torreón, que se centró en la acusación lanzada por el panista Luis Gurza contra el priista Héctor Fernández Aguirre por haberse tomado la pequeña libertad de aprovechar recursos federales para su rancho, cuando era secretario de Fomento Agropecuario. El dardo no lo esperaba nadie, pero resulta lógico dado que el foro del IFE iba a ser el único donde estuvieran los dos candidatos, pues don Héctor había rehusado participar en otros debates, así que don Luis lo tuvo en la mira.
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El candidato tricolor no contestó inmediatamente, quizá porque con la sorpresa se le fue la voz, pero tres días después respondió con un desplegado de contraataque, acusando a don Luis de mal informado en el mejor de los casos o de mentiroso en el peor. Además aclaró que respondía “por única vez”, para que dejen de dar lata con preguntas. Si algún consuelo tuvo don Héctor fue que en el debate el candidato del Partido Social Demócrata, uno de los partidos “morralla” que participan en la elección, declinó en su favor, aunque no está claro exactamente cuántos votos le va a reportar eso al PRI. Pero la andanada contra el priista no fue nada más del lado blanquiazul, sino que la candidata del Partido Verde, Carolina Pérez Almada, también llevaba lo suyo y señaló que don Héctor no contaba con medidores de extracción de agua en las norias de su rancho agrícola y que era parte del grupo de productores amparados para no pagar electricidad en sus pozos. El candidato del PRI también rechazó las imputaciones, pero además la acusación de doña Carolina muestra una notoria incongruencia. Resulta que uno de los jefazos del Verde en Coahuila (o ex jefazos, porque a lo mejor ya lo afiliaron al PRI) es José Refugio Sandoval, el ex diputado local que tras quedarse sin chamba fue rescatado en la nómina del “Gobierno de la Gente”, que le creó a su medida una Procuraduría Estatal de Protección al Ambiente, donde cobra a gusto y donde hasta ahora no ha mostrado ningún interés en el tema del control de extracción de agua. Es decir que un distinguido militante del Verde lleva meses en posición de hacer algo al respecto y hasta ahora no ha hecho nada. Pero es claro que en una elección todo se vale, así que por acusaciones no queda. Y luego preguntan por qué los electores ya no le tienen confianza a los políticos.
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Mientras en la Presidencia Municipal intentan arreglar el batidero que se hizo con la renovación del contrato de limpieza, la semana pasada siguió el desfile de representantes de las principales empresas interesadas. El dueño de PASA, Alberto Garza Santos, se dejó ir contra el alcalde José Ángel Pérez por haber detenido la negociación para renovarle a PASA la concesión, acusándolo de irresponsable y otras lindezas. Luego para que no le dijeran que se quedó con mala leche, don Alberto anunció que PASA estaría dispuesta a una ampliación del contrato, como propusieron los regidores, en lo que se arregla el desorden de la licitación. Nuestros subagentes reportan que la empresa regiomontana está tan urgida de mejorar su imagen para mantener el negocio que hasta se acordaron de la responsabilidad que tenían con el antiguo relleno sanitario, el cual se habían comprometido a acondicionar para hacer un ensayo vegetativo con plantas nativas y convertirlo en área verde. El problema fue que la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente determinó que PASA cubrió mal el antiguo basurero, lo cual ocasionó que el ensayo no funcionara. Desde hace meses, el Municipio le colgó a PASA una multa de 500 mil pesillos, pero nunca la cobró y la empresa nunca mostró ganas de pagarla. Así las cosas, de repente, funcionarios de la empresa se reunieron con gente de la Dirección de Ecología para resolver las observaciones que hizo la Profepa sobre la calidad del recubrimiento del relleno. Los subagentes especulan que PASA se puso las pilas ante la posibilidad de perder la plaza. Ahora falta ver si terminan el trabajo o si lo vuelven a dejar tirado si es que no se les renueva el contrato.
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El retraso en la construcción de puentes vehiculares en Gómez Palacio se ha convertido en un juego de ping-pong entre la Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas de Durango y la de Comunicaciones y Transportes federal, pues la responsabilidad se patea entre las dos dependencias mientras los laguneros siguen padeciendo los retrasos causados por cualquiera de los siguientes factores: mala planeación, errores en las licitaciones, escasez de recursos o simple grilla electorera. La verdad es que hasta ahora no hay una explicación sólida por el retraso. Este problema se ha convertido en una de las armas del candidato del PAN a diputado en el distrito 2 de Durango, Julio Castañeda, y en el “coco” del aspirante priista, Ricardo Rebollo. El tema lo sacó a relucir don Julio en el debate de candidatos, pero don Ricardo le reviró a su contrincante panista que la culpa es de la SCT. Hasta ahora, la explicación más coherente parece ser que la dependencia federal tiene atorado el dinero, aunque la razón para ello podría ser que la Secope hizo mal la licitación. En tanto, el gober Ismael Hernández Deras ha permanecido indiferente a la bronca y no se le ven muchas ganas de meterse a deshacer en entuerto, ya sea gestionando los recursos en México o llamando a cuentas a sus subalternos de la Secope para que aclaren las cosas. El rumor es que, pasando al 5 de julio, la SCT va a desatorar este nudo y milagrosamente, se reanudarán los trabajos. ¿Será?
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En estos días de guardar en los que el Gobierno de Coahuila prácticamente ha desaparecido del mapa, los curulecos del Congreso local se han ocupado en una serie de iniciativas para presentar una vez que pasen las elecciones. Nuestros subagentes disfrazados de aviadores en la nómina del Congreso reportan que la fracción del PRI, debidamente aleccionada por la Secretaría de Gobierno que comanda Armando Luna, prepara una iniciativa para prohibir que la compra-venta de inmuebles se realice con dinero en efectivo, como una forma de evitar el lavado de dinero y tener más certidumbre sobre estas transacciones, muy aprovechadas por el crimen organizado. Del lado del PAN, los diputados preparan una ley para crear una red de monitoreo en los Centros de Readaptación Social que permitan una mejor respuesta ante delitos que se cometen dentro de los penales, que actualmente están fuera de control por parte de las autoridades. Las iniciativas tienen al menos la virtud de responder a temas actuales y urgentes, ahora nada más falta ver que realmente se cumplan si es que se convierten en leyes.
