Amenos de un mes del cambio de administración municipal, las huestes del alcalde electo Eduardo Olmos andan organizando algunas maniobras para empezar a desmantelar algunas de las obras que tanto presume elalcalde saliente José Ángel Pérez. Hasta ahora, nuestros subagentes que venden tamales reportan que los entrantes ya le pusieron lamira alCentroHistórico y alAutotransporte.
En el primer caso, se comenta que los vendedores que presionaron para sacar permisos de colocarse en las banquetas frente al templo de Guadalupe durante las peregrinaciones estaban cilindreados poroperadores del PRI.
Al parecer los tricolores han capitalizado el descontento de muchos vendedores inconformes con la reubicación a los módulos de la Cepeda-Valdez Carrillo, “orgullo” de la actual administración, pero que resultaron un arreglo peligroso para la seguridad física del entorno. Esto dio pie a que los locatarios del Mercado Juárez ya también quieran sacar su mercancía y hasta los comerciantes establecidos buscan ocupar las banquetas. Hasta ahora la nueva administración no ha dicho nada sobre el desorden en que se podría convertir el Centro en esta temporada decembrina, lo que lleva a pensar que están tanteando las aguas para meterle
reversa a la reubicación de ambulantes. El otro frente que se abrirá será el de la modernización del transporte, donde la nueva administración ha sido bastante crítica del esquema de la tarjeta Ecobús, cuyo uso es cada vez menos frecuente por la incapacidad del Municipio de meter en cintura a los concesionarios y sus choferes. El primer regidor Rodrigo Fuentes ha repetido que la cancelación de la tarjeta y el regreso a cobro en efectivo fue una demanda ciudadana
en la campaña por la alcaldía, por lo que si el pueblo se pone necio, hay que hacerle caso. Ayer se reunió la comisión de entrega-recepción con los funcionarios de Autotransporte para revisar las cuentas y resultados del esquema de la tarjeta, pero si la intención es darle para atrás,
todavía no queda claro cómo abordará la próxima administración el pequeño detalle de los 70 millones de pesillos que tendrían que pagarle a la empresa proveedora del servicio por la cancelación del contrato. Lo único seguro es que la transición municipal va más en el tenor del “borrón y cuenta nueva” que de la continuidad, sin importar el costo.
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Otro problema que ya se observa en el cambio de gobierno es el de la renuncia del los funcionarios de primer nivel al término de la actual administración. Como el alcalde José
Ángel Pérez insiste que no tiene con qué pagar las liquidaciones, su intención es heredarle los directores generales y de área a Eduardo Olmos y que él se las arregle. La negativa del Alcalde a pedirle la renuncia a los directores va en contra de todos los precedentes en cambios de gobierno, en los que las administraciones salientes liquidaban a los altos funcionarios y negociaban para repartirse las indemnizaciones del resto, tomando en cuenta que los cuadros superiores debían entender que su encargo era por tiempo limitado. Don José Ángel dice que él tuvo que liquidar a los funcionarios de la administración del senador y primer compadre Guillermo Anaya, aunque nuestros subagentes recuerdan que hace cuatro años don Memo otorgó un “bono de marcha” a sus funcionarios. Esto fue criticadísimo por el entonces alcalde electo, José Ángel Pérez, cuyo equipo, por cierto, se la pasó diciendo que todos los directores
salientes tenían que irse a sus casas antes de que los nuevos se sentaran. Pero mientras se desarrolla este diferendo entre don José Ángel y don Lalo, algunos directores ya corren
a la puerta de salida y afirman que ellos entregarán sus changarros el 31 de diciembre y se irán sin esperar liquidación. Así las cosas, habrá que estar pendientes el 1 de enero para ver cuáles funcionarios verán la labor cumplida y dejarán el cargo, y cuáles van a buscar exprimirle hasta
el último centavo al hueso. Haga usted sus apuestas.
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Como el gober Humberto Moreira y el hermano cómodo Rubén no dan paso sin huarache y menos cuando se trata de su futuro político, no es casualidad que ande circulando ya una encuesta que da marcas aprobatorias a la idea de una sucesión fraterna en la gubernatura en 2011. La encuesta ha sido publicada en algunos medios afines al “Gobierno de la Gente” y comentada por algunos cuadros priistas que afirman que no hay ningún otro “gallo” en el horizonte fuera del “big brother”. Otros argumentan que la candidatura de don Rubén debe basarse en sus méritos políticos más allá de la relación familiar. Con esto se buscaría preparar el terreno para que el jefazo estatal del PRI sea ungido candidato dentro de poco más de un año. Tampoco es casual que la firma que realizó la encuesta seaMitofsky, pues ésta ha sido una de las preferidas por don Rubén, quien le ha encargado a esa empresa los sondeos electorales, pagándoles los costos sin regatear. La encuesta de marras señala que tres cuartas partes del electorado no verían mal la idea de que la sucesión se realice entre hermanos y otorgan a don Rubén la mayor intención de voto. Tal escenario también ha sido repetido en algunas columnas políticas de periódicos de la Ciudad de México, donde el gober Moreira deberá hacer la talacha para convencer a la cúpula priista y a las élites mediáticas que tal relevo es factible y que Coahuila no se ha convertido en una sucursal del gobierno cubano.
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Por cierto, algunos tintes de la estrategia sucesoria se verán en enero próximo cuando el gober Humberto Moreira reparta huesos de consolación a algunos ex alcaldes que quedarán desempleados. Entre ellos se menciona al de Saltillo, Jorge Torres y al panista (pero pintadísimo de tricolor) Ricardo Aguirre. Otros que suenan para convertirse en “funcionarios de la gente” son Francisco Martínez, de Parras, y Herminia Martínez, de Monclova. Al que hay que seguirle
la huella es a don Jorge, quien parece destinado a la Secretaría de Desarrollo Social, pues cada vez se le menciona más como la carta para un interinato que evite que don Humberto “destape” al hermano Rubén.
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El asesinato del jefe de la Policía Preventiva de Gómez Palacio, Roberto Torres Salinas, representa un duro golpe al gober de Durango, Ismael Hernández Deras, quien ha visto
descender a la entidad a niveles intolerables de violencia y desgobierno, aunque ahora presume que Durango es el “ombligo” de la República porque ahí se reunirá la Conferencia Nacional de Gobernadores. (¿Para qué? Quién sabe.) Decenas de policías y mandos policiacos han sido asesinados por grupos del crimen organizado, sin que hasta ahora se haya resuelto ningún caso. En su reacción inicial, don Ismael pronto escurrió el bulto señalando que el asesinato
se inscribía en el marco de la lucha contra el crimen organizado emprendida por el Presidente Felipe Calderón. En realidad, las autoridades de Durango no tienen idea de cómo abordar este asunto. Por un lado, el Procurador Daniel Garza Leal afirmaba el jueves que había “avances significativos” en la investigación, pero cuando se le preguntó cuáles eran, salió con que no podía decir. Pero mientras eso ocurría, en Gómez Palacio el subprocurador para la Región
Lagunera, AlejandroMoreno, le estaba endosando el paquete a la PGR, con el argumento de que en el crimen también se cometió un delito federal. Al paso que van, lo más seguro es que el crimen del miércoles pasado pronto se convierta en una estadística más y en otro caso por resolver. Una más para la ineptitud del gobierno de Durango.
