La indolencia suele cobrarse caro. La de las autoridades federales y estatales de Durango en el caso del conflicto que se vive al interior del Centro de Readaptación Social (Cereso) de Gómez Palacio ha dejado ya 35 muertos en lo que va del año.
El pasado 14 de agosto se vivió uno de los capítulos más sangrientos en la historia reciente del sistema penitenciario nacional, con un enfrentamiento entre reos que arrojó el saldo de 20 muertos y 26 heridos. Ninguno de los funcionarios responsables pudiera argumentar a estas alturas que desconocía los riesgos latentes de que algo así pudiera ocurrir, pues las señales de alerta se habían venido dando cada vez con mayor frecuencia e intensidad desde hace por lo menos un mes.
La tarde del 17 de julio pasado se suscitó una riña entre prisioneros del Cereso de Gómez Palacio, en la que murieron tres personas. El Ejército Mexicano y la Policía Federal tuvieron que intervenir para calmar la situación. Pero al día siguiente resurgió la violencia y tres presos más fallecieron la mañana del 18 de julio en otra reyerta. Frente al reclamo de los familiares de los internos, que exigían mejores condiciones de seguridad al interior del penal, los entonces director y subdirector del Cereso, Arturo Sánchez y Juan Montoya, respectivamente, renunciaron a sus cargos.
Israel Villalobos fue nombrado director interino. El 22 de julio, éste declaró que el conflicto se debía a la pugna de dos grupos por el control del penal. Y aunque la situación se tranquilizó durante unos días, Villalobos advirtió que el riego era latente. Como medida para aminorar la tensión, el 24 de julio fueron trasladados nueve reos a una prisión federal. La estrategia pareció funcionar, pero sólo por unos días.
El 10 de agosto, ocho días después de que se nombrara a Ernesto Fernández como nuevo director del Cereso, otro interno fue asesinado. Al día siguiente, varios presos subieron a las azoteas del penal para manifestarse y exigir a las autoridades que pusieran alto a la violencia. Frente a esto, el secretario de Seguridad Pública de Durango, Jorge Torres Castillo, declaró que las riñas eran producto del ingreso de reos considerados de “alta peligrosidad”, por lo que era necesario su traslado.
Pese a todas estas advertencias, nada ocurrió y los resultados hoy todos los conocen. Ayer renunciaron a su cargo Ernesto Fernández y su subdirector, Jorge Arturo Rodríguez. Hoy el Cereso está sin mando y, no obstante la gravedad del problema, ni el gobernador de Durango, Ismael Hernández Deras, ni el secretario de Seguridad Pública federal, Genaro García Luna, han mostrado interés en resolverlo. ¿Cuántas muertes más hacen falta?
