La corrupción e ineficacia de las policías para enfrentar al crimen organizado fue el pretexto para incorporar al Ejército a dicho combate; pero exactamente tres años después de que se les sacó de los cuarteles para realizar estas labores, éstos también se corrompieron y ahora se recurre a la Armada de México, al menos para los operativos estratégicos y más delicados.
Sin duda su participación en la persecución del capo Arturo Beltrán Leyva, tal como se comentó la semana pasada en este mismo espacio, fue decisiva y exitosa. El operativo recibió (y recibe) elogios en todo el mundo y hasta de los más escépticos, pero lamentablemente el éxito fue enturbiado por la reacción de los narcotraficantes, particularmente el cruel y reprobable asesinato de la madre, la tía y dos hermanos del marino abatido en el operativo del 16 de diciembre en Cuernavaca, y la información respecto a la protección que los militares brindaban al capo.
Lo primero que llamó la atención fue la participación tardía y marginal del Ejército en el operativo, a pesar de que el cuartel de la 24 Zona Militar se encuentra a unas cuantas cuadras del complejo residencial donde cayó abatido Beltrán Leyva.
El protagonismo de la Marina inició el 4 de diciembre, en un operativo en Ciudad Benito Juárez, Nuevo León, que culminó con un enfrentamiento entre marinos y presuntos "Zetas", que dejó 8 delincuentes muertos, entre los que se encontraba Ricardo Almanza, "El Gori 1".
Una semana después, el 11 de diciembre, nuevamente los marinos irrumpieron en una narcoposada en Tepoztlán, Morelos, en la que capturaron a 11 presuntos integrantes del citado cártel. Y, posteriormente, a partir de las pistas que lograron recabar perpetraron el golpe del 16 de diciembre.
Al día siguiente del operativo, el procurador Arturo Chávez reconoció, en una rueda de prensa, que intervino la Armada porque las organizaciones criminales vulneraron a otras instituciones de Gobierno.
En su edición del domingo 20 de diciembre, Proceso denuncia que el cocinero de Beltrán Leyva, detenido en el operativo, declaró ante la SIEDO, que el 16 de diciembre se preparaba una comida para recibir al General Leopoldo Díaz Pérez, jefe de la 24 Zona Militar con sede en Cuernavaca, a la que también acudiría un capitán y un mayor del Ejército.
El 24 de diciembre, Reforma revela que de acuerdo a las declaraciones de uno de los detenidos y confirmado por fuentes de la Armada, el cártel contaba con una red de militares a su servicio que "realizaban labores de espionaje para informarle de los desplazamientos, cateos a casas de seguridad y operativos que pretendían su captura". Entre los integrantes de esta red se encontraba un coronel y dos mayores, adscritos a la Vigesimocuarta Zona Militar.
También da a conocer que hay testimonios asentados en la indagatoria PGR/SIEDO/UEIDCS/166/2009, desde el 8 de mayo de este año, que dan cuenta de la implicación de soldados del grupo de Inteligencia militar.
Así que el cártel contaba (¿o cuenta?) con una red de protección que incluye policías (de todos las instancias: municipales, estatales y federales) y militares, entre ellos algunos oficiales. Y esa fue la razón por la que se desplazó al Ejército y se le cedió el mando a la Armada.
Pero la participación protagónica de la Marina no fue una acción aislada, pues el mismo diario da a conocer que el presidente Felipe Calderón envió al Senado una iniciativa de reforma, que está en estudio en las comisiones de Marina y Estudios Legislativos, para convertir a la Armada de México "en una institución militar coadyuvante en la seguridad interior del país y en el combate al crimen organizado, cuando lo ordene el Mando Supremo o cuando las circunstancias así lo requieran".
El Ejército desplazó a las policías; la Marina desplaza al Ejército. Y cuando la Marina sucumba al poder corruptor del crimen organizado, ¿quién la desplazará? Y es que paradójicamente el más sonado éxito en la que se ha dado en llamar la "guerra contra el narcotráfico" desnudó las debilidades de las instituciones nacionales. El relevo de un cuerpo de seguridad por otro no es ninguna garantía de que los integrantes del nuevo órgano no sucumbirán ante los embates corruptores del crimen organizado.
En la segunda mitad de los setenta, el entonces presidente José López Portillo, involucró al Ejército Mexicano en la llamada "Operación Cóndor", para combatir el narcotráfico en el llamado "triángulo dorado" (el punto donde convergen las fronteras de Sinaloa, Durango y Chihuahua), desde entonces su presencia en dicha labor es permanente y siempre creciente, con resultados ambivalentes: crece la destrucción de plantíos, la detención de delincuentes y hasta la de algunos capos; pero también la violencia, la drogadicción, la violación de derechos humanos y la corrupción de las fuerzas armadas.
Y como caso emblemático se recuerda la detención el 18 de febrero de 1997 del general de División, Jesús Gutiérrez Rebollo, designado apenas 72 días antes comisionado del Instituto Nacional para el Combate de las Drogas, por proteger al entonces capo del Cártel de Juárez, Amado Carrillo Fuentes. Desde entonces más de un centenar de oficiales fueron o son sujetos a procesos judiciales por proteger a distintos cárteles.
Todo es cuestión de tiempo para que los marinos también sucumban frente a la tentación y entonces ya no habrá una opción alternativa, salvo que desde hoy se empiece a construir una solución distinta, que no implique exclusivamente la lucha frontal y violenta.
