Desbordada la suspicacia frente a la opacidad con que se desarrolla el proceso de licitación, la Secretaría de Gobernación aduce que el sospechosismo en torno a la puesta en escena de la Cédula de Identidad Ciudadana obedece a la zancadilla que representa la alternativa para todo tipo de delincuentes.
De entrada, se habla de que la posibilidad de constituir varias identidades le abre la puerta a fraudes con nóminas especiales, la de los maestros por ejemplo, cuyos pagos se hacen en efectivo.
Más allá, se reconoce que algunos funcionarios se enriquecen abultando la lista de los beneficiarios de programas sociales. ¡Pácatelas!
En la misma ruta, miles de causantes evaden sus obligaciones fiscales al saltar de una identidad a otra, haciendo imposible su localización.
Adicionalmente se da el caso de que un defraudador de compañías de seguros tenía ¡62 identidades! construidas vía la facilidad de obtener las credenciales del IFE, al que, sin embargo, se elude criticar, dado que su principal tarea, según ello, es garantizar el sufragio efectivo.
En los últimos años han proliferado, además, los fraudes a las agencias automotrices, al desaparecer los compradores de autos nuevos tras firmar los papeles del crédito con identidades falsas. La Cédula de Identidad, pues, le cerraría la puerta a la falsificación, vía la obtención de datos biométricos que vuelven misión imposible la duplicidad de identificaciones.
La ola la había levantado la sospecha de los participantes en la licitación internacional de que estaba de antemano resuelto el fallo a favor de un proveedor en específico: la firma estadounidense L-I Identity Solutions, con oficinas corporativas en Stanford, Connecticut.
El eje de la suspicacia hablaba de requisitos imposibles de cumplir para empresas nacionales, como el contar, en la fase previa al fallo, con 100 maletas de enrolamiento equipadas con tecnología de punta; el tener mil más en las ocho semanas posteriores a éste, o el de montar un centro-dato en sólo 30 días. Sin embargo, para la dependencia existe un plazo de 144 días para cumplir los requisitos, que nacen del 24 de agosto pasado y se extienden hasta el 15 de enero de 2010. Más aún, serían en total 249 días, si se considera que la fecha de entrega total del pedido sería el 30 de abril del año próximo.
Más aún, se aduce que los materiales ubicados como insumos para la elaboración de la identificación son prácticamente obtenibles. De hecho, se encuentran disponibles en las tiendas departamentales, los autoservicios o los establecimientos especializados o electrónicos.
Lo curioso es que la convocatoria se haya lanzado antes del anuncio presidencial en que se dio a conocer el advenimiento de la Cédula de Identidad.
Más aún, que se haya lanzado sin contar aún con la partida correspondiente, cuyo visto bueno daría el Congreso de la Unión, por más que se hable de menos de 8% de los mil millones de dólares que se habían calculado.
La convocatoria incluye dos licitaciones, una con carácter mixto internacional para la adquisición de equipo especializado para la obtención de los datos biométricos, y otra pública mixta nacional. para el servicio nacional de identificación personal, es decir, el centro de datos. Según la Secretaría de Gobernación, se han inscrito 55 empresas en la primera licitación, y 100 en la segunda, a las que se les ha permitido desahogar puntualmente todas sus dudas.
Lo cierto es que la posibilidad de una Cédula de Identidad se abrió desde el sexenio pasado, ante las quejas de la Secretaría de Hacienda de que se había multiplicado el lavado de dinero ante la facilidad con que se abrían cuentas bancarias con identidades falsas. De hecho, en octubre de 2004 se creó por acuerdo presidencial una Comisión Intersecretarial para la instrumentación del Registro Nacional de Población, a la que se integró a los titulares de Gobernación, Hacienda, Función pública, Seguro Social y el Jefe de Políticas Públicas de la Presidencia de la República.
El caso es que sin mayor explicación, el proceso de interrumpió al extinguirse la mencionada Comisión, dejándose en el aire los avances sustantivos alcanzados, por ejemplo, la obligación de la cédula biométrica con todas las huellas digitales y el iris de los ojos.
La tarea se le encomendó al Registro Nacional de Población, cuyo titular, Carlos Anaya, desechó, por ejemplo, la posibilidad de un chip que facilitara los trámites oficiales. El funcionario federal ha sobrevivido a todos los cambios que se han hecho en la dependencia.
Por lo pronto, objetado el gasto que representa la alternativa en tiempos de sequía presupuestal; desatadas las versiones de traje a la medida de un proveedor, la única alternativa para la dependencia es la transparencia total.
La mula no era arisca...
Colocado ahora el bandazo al extremo contrario, el presidente Felipe Calderón está promoviendo la posibilidad de un nuevo pacto intersectorial al estilo de los que inauguró el ex presidente Miguel de la Madrid y mantuvieron vivos Carlos Salinas de Gortari y Ernesto Zedillo. Todos ponen para la recuperación económica. El problema es si existiría voluntad de sacrificio de las partes, es decir, empresarios, obreros, campesinos, tras la catarata de impuestos y las alzas en puerta en tarifas y servicios públicos.
Lo curioso del asunto es que la coyuntura estaría abierta, en tal caso, para rediseñar, de cara a lo previsto por el artículo 26 de la Constitución, los programas sectoriales, en afán de adaptarlos a la nueva realidad del país.
La alternativa involucraría a todos los sectores en la confección.
ASARCO, EN RECTA FINAL De acuerdo con los tiempos previstos, el primer día de diciembre el juez de la corte de Distrito en Browsville, Andrew S. Hanon, ratificaría o rectificaría la recomendación de su colega, Richard Smith, de aceptar una oferta del grupo Minera México para recuperar el control de la productora de cobre Asarco con sede en Estados Unidos, vía el pago de 3 mil 600 millones de dólares. De optarse, como se espera, por la primera vía, el empresario Germán Larrea Mota Velasco mataría dos pájaros de un tiro, dado que regresaría en un escenario menos apremiante para la firma, ante el precio internacional del cobre, y de pasadita se ahorraría los 6 mil millones de dólares que arrastra en multas.
Más aún, aparentemente se anularía, además, la multa impuesta por el juez Hanon por 8 mil millones de dólares por haber comprado un paquete mayoritario de acciones de la firma peruana Southern Cooper Corporation que mantenía Asarco, a un precio muy inferior al real, en perjuicio de los accionistas minoritarios.
Los dedos de manos y pies del empresario están cruzados.
FERTILIZANTES RUSOS Cancelada la posibilidad de fabricar fertilizantes en México, la puerta se abrió de par en par para Rusia. De hecho, ayer se descargó en la terminal de fluidos del puerto de Guaymas, que se concesionó al conglomerado estadounidense Grupo Gown, el primer embarque de 30 mil toneladas del producto, que llegó vía el barco "Britta Macrak".
La terminal en mención tiene una capacidad instalada de 400 mil toneladas, y se inscribe como un eslabón básico del Corredor Multimodal Guaymas-Mexicali.
