Mañana trece de junio hará veinte años de la captura de José Antonio Zorrilla Pérez, entonces señalado por el asesinato del periodista Manuel Buendía, ocurrido hace un cuarto de siglo, y según sentencia, firme autor intelectual de su homicidio. Casi diez años antes de cumplir las laxas condenas que se le impusieron, Zorrilla fue liberado el 18 de febrero pasado. En sentido contrario a esa decisión, el lunes pasado un importante grupo de personas con presencia pública, así como de organismos a quienes importa el libre ejercicio de la prensa, y algunos medios periodísticos, publicaron su petición de que se revoque la libertad anticipada de quien cometió varios delitos mientras era director federal de seguridad, la policía política del régimen.
"La libertad de Zorrilla debe ser revocada -razonaron los solicitantes. Ordenó el asesinato de Buendía desde un elevado cargo gubernamental, por lo que puede ser considerado un crimen de Estado. No debió ser aliviada su pena. El modo en que eso ocurrió amerita una investigación que demandamos realice el Gobierno del Distrito Federal. Si de ello deriva, como suponemos, una irregularidad, amén de las sanciones que correspondan, debe declararse inválida la resolución que dejó libre a Zorrilla. La misma conclusión debe resultar si se incumplen las condiciones a que debe sujetarse quien recibe ese beneficio".
Al día siguiente, el secretario de Gobierno José Ángel Ávila acusó recibo de la petición avalada por un gran número de personas de valiosa presencia en la sociedad, no sólo profesionales del periodismo. En una conferencia de prensa sobre la decisión del Gobierno del DF de no aceptar presos del fuero federal en sus reclusorios, Ávila (que era la autoridad responsable en los juicios de amparo más recientemente ganados por Zorrilla Pérez y de los que derivó su libertad sin que lo hubiera ordenado así la autoridad judicial) afirmó que en el Gobierno de la ciudad "vimos con mucho cuidado y detenimiento el contenido de ese desplegado, y el jefe de Gobierno me instruyó que atendiéramos debidamente la solicitud ahí inmersa (sic), lo que implica, por supuesto, ponernos a trabajar en el análisis concienzudo y detallado de ese caso, para que en fecha próxima podamos fijar una postura. Pero por lo pronto
El propio jefe de Gobierno se había dado ya por notificado de las probables implicaciones de funcionarios a sus órdenes en ese caso al ser entrevistado por Carmen Aristegui en CNN. Lo dicho por Marcelo Ebrard en ese momento, y confirmado este martes por su segundo, constituye un compromiso a cuyo cumplimiento hemos de estar atentos los firmantes de la solicitud aquí citada.
Es prioritario que se le preste atención para que Zorrilla no goce ahora de una impunidad tardía, semejante a la que le permitió vivir en libertad cinco años, los que corrieron entre el miércoles 30 de mayo de 1984 en que cometió el principal de los delitos por los que fue condenado y el martes trece de junio de 1989 en que fue capturado, no sin que se resistiera con violencia y mantuviera en virtual secuestro en su domicilio de Paseo de la Reforma, en Las Lomas de Chapultepec al procurador de Justicia del DF, hoy rector de la Escuela Libre de Derecho, Ignacio Morales Lechuga.
Además del homicidio de Buendía, se imputaron a Zorrilla otros delitos. El mayor de ellos fue el homicidio de su amigo José Luis Esqueda, al que probablemente ultimó para evitar que revelara su implicación en el asesinato de Buendía, Se le siguieron procesos federales por ejercicio indebido del servicio público y contra la administración de justicia; portación de arma de fuego sin licencia; portación de arma de fuego reservada para uso exclusivo del Ejército, Armada y Fuerza Aérea; acopio de armas y almacenamiento de municiones y objetos relacionados. Y en el fuero común se le enjuició por los homicidios de Buendía y Esqueda. Como gracias a su inmensa fortuna contó siempre con eficaces abogados, y acaso con forma de persuadir a los juzgadores, la muerte de Esqueda pasó de ser homicidio calificado a homicidio simple, con reducción importante de la pena.
Y a pesar de que sus condenas debieron purgarse de manera sucesiva, algún extraño artilugio le permitió pagar simultáneamente varias sentencias. De esa suerte, condenas que sumadas implicarían prácticamente prisión perpetua se redujeron a la postre a 29 años cuatro meses y quince días, y todavía disminuyeron casi diez años más por su indebida liberación anticipada.
Luego de que se le despidió de la Dirección Federal de Seguridad en febrero de 1985 y se le desposeyó de la candidatura a diputado federal que se le había permitido como salida airosa, Zorrilla desapareció. En los registros migratorios constó que viajó a España donde permaneció largo tiempo. Mientras tanto, grupos de periodistas indignados por el asesinato de Buendía se organizaron para presionar al Gobierno en pos de una solución al crimen. Navegaban contra corriente, porque el presidente De la Madrid padecía inquina contra el periodista. En sus memorias se atrevió a hacer suya "la hipótesis de que seguramente (su asesino) fue un resentido por una ofensa directa". Por eso, y a pesar de que autorizó la Fiscalía especial a cargo de Miguel Ángel García Domínguez, que a la postre dio con los homicidas, Zorrilla sólo fue detenido seis meses después de concluido el sexenio en que mandó a la Policía política.
