Desde hace algunos años, cada vez más mexicanos son víctima de llamadas de extorsión telefónica en las que un delincuente dice tener secuestrado a un familiar, y exige la entrega inmediata de dinero, joyas o artículos de valor para liberarlo.
Ante el aumento de este delito, y también ante la evidencia de que las bandas dedicadas al secuestro utilizan los teléfonos celulares para organizarlo y cometerlo, autoridades y legisladores trabajaron juntos para determinar algunas medidas que en la práctica inhiban o dificulten la comisión de estos delitos.
Una de las herramientas de investigación de mayor utilidad para las policías es la base de datos de los más de 80 millones de celulares que hay en México.
Para ello, en abril de 2009 los diputados votamos el Registro Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil. Con este decreto se obliga a los concesionarios que prestan el servicio de telefonía móvil a llevar un registro y control separado de sus usuarios, tanto en la modalidad de líneas contratadas en plan tarifario, como en líneas de prepago.
Los concesionarios están obligados a conservar copias fotostáticas o en medios electrónicos de los documentos necesarios para dicho registro y control; así como mantener la reserva y protección de las bases de datos personales, las cuales no podrán ser usadas con fines diferentes a los señalados en las leyes.
En el caso del registro de usuarios de telefonía móvil en cualquiera de sus modalidades adquiridas con anterioridad a la entrada en vigor del decreto, los concesionarios contamos con un plazo de un año (hasta el 10 de abril de 2010) para cumplir con el registro y control.
Por eso, quienes teníamos una línea celular contratada antes de entonces, debemos registrarla mediante un procedimiento que se ha establecido, y que no resulta tan sencillo. Quienes contraten después, al momento de contratar el servicio deben hacer del conocimiento de los concesionarios, la información que acredite la identidad del usuario.
La idea es que al momento que se realiza una llamada de extorsión o se recibe comunicación de un secuestrador, la autoridad pueda saber de quién es el teléfono y pueda, con mayor rapidez, detener a los delincuentes. Hasta hoy, prácticamente la mitad de celulares que hay en el país, han sido registrados.
Ciertamente el trámite es engorroso, y lleva varios minutos. Incluso, hay quienes lo han tenido que realizar varias veces. La desconfianza hacia las autoridades es otra de las razones de las reservas ciudadanas a darse de alta, pues se teme que el registro sea adquirido por bandas delictivas y nuestros datos conocidos por ellas. Los argumentos de seguridad de la creación del registro, me parecen pertinentes.
Para construir un México más seguro, debemos dar a las autoridades las herramientas que necesitan para poder investigar mejor y más rápido. Eso implica responsabilidad de parte de los usuarios y por lo mismo su colaboración.
Creo también que la preocupación por el posible mal uso que pueda darse al registro es legítima. Todas las bases de datos que supuestamente no debían divulgarse (como el Padrón Electoral), han sido obtenidas por personas distintas a las autoridades.
Sin embargo, hay mecanismos al alcance de la ciudadanía que pueden permitir que vigilemos que las autoridades y las compañías de telefonía manejen adecuadamente nuestros datos, y que se sancione a quienes no lo hagan.
Podemos también elegir vivir sin el servicio, pero si no nos decidimos a tener el valor ciudadano de confiar en nuestras autoridades y no registramos nuestro número, seguiremos dejando el camino libre a la impunidad.
Tomarnos quince minutos para concluir un trámite engorroso puede ser molesto, pero pensemos que son quince minutos que pueden significar, para una víctima de secuestro por ejemplo, la posibilidad de que la autoridad llegue a liberarlo quince minutos antes.
