Contra todos los pronósticos, la Suprema Corte de Justicia no emitirá esta semana su resolución frente a la indagación que ordenó en relación a la tragedia en la guardería ABC de Hermosillo, ante el temor de lanzarle gasolina al fuego.
La expectativa aguardaba el deslinde de responsabilidades ante un fuerte tufo a impunidad, en la víspera de cumplirse un año del trágico incendio que provocara la muerte de 49 niños y lesiones graves a otros 75.
Lo cierto es que aún cuando la explicación a la opinión pública hablaría de falta de tiempo para elaborar el documento anhelado por parte del ministro ponente, Arturo Zaldívar, "dada la complejidad del asunto", y el que haya entrado al relevo después de que renunciara el encargado original, es decir el ministro Fernando Franco, al que se acusó de incurrir en conflicto de interés, la realidad es que el máximo órgano de justicia del país no encuentra la forma de salir del embrollo.
De acuerdo a la Secretaría de Gobernación, la investigación realizada por los magistrados de Circuito, Rosario Mota y Carlos Renzón, excedió los límites marcados por la ley.
Según ello, la Suprema Corte sólo tiene facultades indagatorias ante violaciones a las garantías individuales de la ciudadanía.
De hecho, en un insólito con olor a autoritarismo, la dependencia le puso el alto al Consejo Coordinador Empresarial por colocar en su agenda de competitividad la exigencia de ampliar las facultades de investigación de la Suprema Corte.
El capítulo fue borrado del libro.
Como usted sabe, al margen de las responsabilidades que se le atribuyen al ex gobernador de Sonora, Eduardo Bours, y a los propios funcionarios del Seguro Social responsables de vigilar el funcionamiento de las guarderías que operan bajo el sistema de subrogación, la investigación se fue hasta el fondo, es decir si el esquema empataba con la ley.
La respuesta fue negativa, es decir el Instituto no tiene un sustento jurídico para ceder a particulares servicios que le corresponden. Más aún, tampoco puede trasladar a terceros las cuotas que pagan los derechohabientes.
Bajo ese prisma, se le asignaban responsabilidades al ex director general del organismo tripartita y actual secretario de Comunicaciones y Transportes, Juan Molinar Horcasitas, quien autorizó el funcionamiento de la guardería de la tragedia.
Más aún, la tabla rasa alcanzaba a los ex directores generales del IMSS que habían implantado la figura de las guarderías subrogadas, bajo el justificante de falta de infraestructura ante la precariedad de recursos.
La carambola, pues, era de tres bandas.
El caso es que ante la posibilidad de colocar en la picota a un Secretario de Estado; de llamar al banquillo a ex funcionarios de filiación priista, y de recolocar el tema en el ojo del huracán, la Suprema Corte baraja si mejor sería hacerse el harakiri.
De hecho, en un primer borrador de la tesis que plantearía el ministro Arturo Zaldívar, de plano se descalificaba la indagatoria.
Los responsables, pues, serían los propios sabuesos encargados de la investigación.
El problema, naturalmente, es que fresco el caso de la absurda conclusión de la Procuraduría de Justicia del Estado de México sobre la muerte de la niña Paulette Gebara Farah, la opinión pública hablaría de otro colosal fiasco de la justicia para proteger a un miembro del Gabinete presidencial y amigo entrañable de la casa presidencial.
De lo estrecho del callejón habla el que el presidente de la Suprema Corte, Guillermo Ortiz Mayagoitia, haya propuesto que el tema se debata durante varias sesiones a partir del 14 de junio próximo.
Por lo pronto, al fragor del aniversario luctuoso, el Gobierno trataría de inclinar la indagación hacia el ex gobernador de Sonora, Eduardo Bours.
El tinglado está listo: la bodega en que se originó el incendio llegó después que la guardería. El fuego fue intencional, en afán de destruirse expedientes oficiales que se guardaban en ella. Más aún, hubo ventiladores para avivar las llamas. No hubo verificación de las condiciones en que se encontraba ésta.
La difícil, en tal caso, será explicar por qué la guardería no tenía previsiones para una eventualidad tal. Concretamente, por qué se permitieron plafones de plástico fácilmente flamables; por qué no se verificó que las puertas de emergencia no tuvieran obstáculos; por qué no había suficiente personal para vigilar a los niños...
ABC de la impunidad.
EMPRESA
Más de lo mismo: Desatada, en la fase previa al primer aniversario de la tragedia en la guardería ABC, una campaña contra el Seguro Social, a quien se acusa de negar atención médica a los 75 niños que resultaron lesionados por el incendio, de acuerdo al órgano tripartita la intención es tender una cortina de humo en torno a la responsabilidad del ex gobernador de Sonora, Eduardo Bours.
El que orquesta las versiones es Alberto Barreda Robinson, quien se ostenta como representante del hospital Shiner's de Hermosillo, lugar donde se atendió en primera instancia a los sobrevivientes. Sin embargo, el propio nosocomio para niños, vía su presidente, Ralph W. Semb, desacreditó en junio del año pasado a Barreda Robinson como su vocero, tras desmentir que el IMSS hubiera desatendido a los niños.
La presunción es que Barreda Robinson es pariente del ex gobernador sonorense. De entrada, uno de sus hijos, Alberto Barreda Astiazarán, fue director general de administración de la Secretaría de Salud Pública del Gobierno de Bours, es decir Eduardo Robinson-Bours Castelo.
Otro, Alejandro Barreda Astiazarán, fue director de Administración y Presupuesto en Radio Sonora.
PERDIÓ EL YERNO
Desatado hace cinco años un formidable escándalo en Monterrey al plantear el presidente del grupo Savia, Alfonso Romo Garza, sendas demandas mercantil y penal contra sus suegros, Alejandro Garza Lagüera y María del Consuelo Rangel Garza, por despojo y calumnias, hete aquí que éste perdió el pleito.
De hecho, de acusador pasó a acusado, al revertirse todos los supuestos agravios planteados. De entrada, se declaró válida una asamblea que lo destituyó del cargo; se ratificó que vendió un paquete de acciones de la empresa Seminis a precio inferior al real, en contraste con el costo que recibió por sus propios papeles, y se comprobó que incumplió un contrato.
El tiro, pues, salió por la culata.
CEMEX PIAN PIANITO
Con la reciente operación de canje de los llamados bonos perpetuos por nuevos papeles de deuda, Cementos Mexicanos logró bajar su débito global en 425 millones de dólares.
La fórmula fue simple: los documentos se adquirieron al precio de descuento con que se cotizaban en el mercado, en un escenario en que a los tenedores se les libró del riesgo de un mayor deterioro.
En paralelo, Cemex ha logrado ahorrar en sus gastos de operación al despedir a más de 26 mil trabajadores en sus filiales de todo el planeta; al vender activos no estratégicos; al implantar un programa de austeridad extrema, y al cerrarse cualquier tipo de grieta.
De acuerdo al presidente de la firma, Lorenzo Zambrano, es como esculpir una figura que poco a poco va teniendo forma: la viabilidad hacia el futuro.
