El respeto a los Derechos Humanos nunca ha sido cualidad que distinga a las corporaciones policiacas de la Comarca Lagunera. Los cuerpos de seguridad en la región no sólo han mostrado a lo largo de los años ineficiencia a la hora de mantener el orden público, sino que en su desempeño en múltiples ocasiones pasan por alto garantías individuales establecidas en la Constitución e incurren en abusos que bajo ninguna circunstancia pueden ser justificables.
El jueves pasado, durante el partido de ida de la final del torneo mexicano de futbol, celebrado en Torreón, policías estatales y municipales, apoyados por guardias privados del estadio, agredieron a integrantes de la porra del equipo Rayados del Monterrey. En las imágenes captadas por las cámaras de diversos medios de comunicación, es posible observar, entre otras cosas, a unos agentes enardecidos golpeando con puño y macana a un joven con camisa del conjunto regiomontano que intenta subirse a un autobús; a varios elementos arrojando gas lacrimógeno al interior de los vehículos, y a un grupo de policías azuzando a dos uniformados para que se lancen encima de una persona que permanece en el suelo, ya sometida.
Es de todos sabido que algunos miembros de la porra "La Adicción", del cuadro rayado, suelen ocasionar desmanes en los estadios en los que se presentan. El director de Seguridad Pública de Torreón, Carlos Bibiano Villa Castillo, argumenta que fueron los aficionados quienes provocaron a los policías con insultos y golpes. De cualquier forma, la reacción que tuvieron los policías y guardias no fue, a todas luces, la apropiada. En vez de contener la violencia, los agentes la reprodujeron. En lugar de asumir el papel de verdaderos guardianes del orden, se pusieron en el nivel de vulgares rijosos.
A petición del alcalde de Monterrey, Fernando Larrazábal, el presidente municipal de Torreón, Eduardo Olmos, ordenó que se abriera una investigación contra los agentes que incurrieron en excesos luego del partido de futbol. La Fiscalía General del Estado deberá hacer lo propio, al igual que la directiva del Club Santos Laguna.
Independientemente del resultado que arrojen dichas investigaciones, lo cierto es que el abuso policiaco no es algo nuevo en esta región. Basta recordar la casi proverbial violencia con la que actuaba el Grupo Organizado de Reacción Inmediata (GORI) en Gómez Palacio durante la administración del priista Carlos Herrera, o la persecución emprendida contra homosexuales en Torreón en el trienio del panista Guillermo Anaya.
Recientemente, la policía de esta ciudad ha cometido abusos que han sido documentados por El Siglo de Torreón. El 23 de noviembre pasado, un jardinero fue arrestado por caminar con "actitud sospechosa" en una calle de la colonia Torreón Jardín. Los agentes municipales detuvieron al hombre por no poder acreditar la propiedad de un machete y una pequeña hacha que traía en una bolsa. Para recuperar su libertad el "sospechoso" tuvo que pagar una multa de 10 salarios mínimos en el Ministerio Público.
El 26 de noviembre un adolescente preparatoriano de 16 años de edad fue encañonado, detenido y amenazado de muerte por un policía que lo acusó sin indicio alguno de cometer un asalto bancario ocurrido minutos antes.
Un día después, el 27 de noviembre, se dio a conocer que la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Coahuila emitió la recomendación 41/2010 al alcalde priista Eduardo Olmos, en la que solicita que se aplique un procedimiento administrativo contra policías municipales por la detención arbitraria de un conductor de un carro de mulas.
Sobre estos casos de abuso de autoridad, el segundo visitador de la referida comisión, David Omar Sifuentes Bocardo, comentó que "los agentes no están haciendo un trabajo de prevención, más bien parece de provocación, y eso lleva a la detención de las personas de forma arbitraria". En lo que va del año, 24 quejas han sido presentadas por ciudadanos en la Comisión de Derechos Humanos contra policías municipales por detención arbitraria.
Pero poco parecen importar las críticas y recomendaciones al director de Seguridad Pública de Torreón, quien abiertamente ha declarado que a él no le importa impedir la libertad de tránsito de las personas, ni la opinión de los organismos de Derechos Humanos, con tal de "prevenir delitos". Cosa curiosa, porque esto último es precisamente lo que menos hace la policía de esta ciudad. Las cifras así lo confirman: mientras que el año pasado el promedio mensual de robos a negocios era de 45, este año es de 135, y el de autos en 2009 era de 95, en 2010 es de 197, sólo por citar dos ejemplos. Parece, pues, que la impotencia frente al crimen se busca descargar contra personas indefensas.
La ciudadanía debe hacer entender a las autoridades que no se puede mantener el orden público fuera del marco de la legalidad. Porque combatir la delincuencia e imponer la paz social violando las leyes que se pretenden defender, es un total contrasentido que sólo puede llevar a la perpetuación de la barbarie.
