Aunque la solicitud aprobada por mayoría de la Comisión Permanente del Congreso al presidente Felipe Calderón para declarar desierta la licitación 21 del espectro de telefonía celular tiene el efecto de una llamada a misa, lo cierto es que el cerco pareciera ya infranqueable.
En la segunda parte del acuerdo parlamentario, tras un ríspido debate en que se lanzaron retos y puyas a granel, se habló de promover un juicio político por daños a la nación al secretario de Comunicaciones y Transportes, Juan Molinar Horcasitas, en caso de que el Ejecutivo soslaye la requisición.De acuerdo a lo previsto por la dependencia, tras el visto bueno de sus funcionarios al resultado del concurso para asignación de concesiones para explotar la banda de 1.7 gigahercios, ayer por la mañana se entregarían éstas.
La manzana de la discordia, como usted sabe, es la disparidad entre las contraprestaciones a pagar por los participantes en la licitación. Mientras uno de ellos, integrado por la firma Televisa y Nextel, cubriría 180.3 millones de pesos por una red nacional de 30 megahercios, otro, Movistar, es decir, la Telefónica México, cubriría tres mil 500 por un segmento regional de 10, en tanto Telcel pagaría dos mil 500 por una rebanada idéntica en una región menos fértil.
La razón, usted la sabe de sobra: ni Movistar ni Telcel podían aspirar a un pastel idéntico al de su competidor, dada la prohibición de la Comisión Federal de Telecomunicaciones y de la Comisión Federal de Competencia en rebasar un caudal de 80 megahercios.Televisa-Nextel caminó, pues, sin rival al frente, lo que le permitió sentarse en la primera ronda de revires, mientras la competencia llegaba a 85. Ahora que la justificación de la autoridad frente a lo que pareciera una licitación a modo, es que había que dejarle espacio a nuevos competidores. Sin embargo Nextel, quien operaría por Televisa, lleva una década en el país.
Más allá, se habla de que la contraprestación que enteraría ésta sería apenas un primer abono frente a los derechos que le pagaría al Gobierno durante 19 años. Sin embargo, la exigencia vale también para los otros competidores. Lo cierto es que el problema para Nextel es que sin la concesión en la bolsa Televisa no haría efectivo su compromiso de adquirir el 30 por ciento de su capital.
Y lo cierto, desde otro ángulo, es que más allá del amago de una condena moral del Congreso al presidente Felipe Calderón; más allá, incluso, de la posibilidad de juicio político a Molinar Horcasitas, uno y otro estarían en problemas jurídicos de entregar las concesiones. Estamos hablando de desacato. En la mesa están dos medidas cautelares dictadas, una por el juez tercero de Distrito de Guerrero, y otra por un juez de Distrito de Matamoros, Tamaulipas, que ordenan la suspensión del procedimiento, es decir, la ratificación del fallo y la entrega de concesiones. La Secretaría de Comunicaciones y Transportes ha pretendido soslayar los recursos promovidos, uno por la firma de telefonía celular Iusacell Inalámbrica, y otro por TV Azteca Comercializadora, bajo el alegato de no haber sido notificada.
En la ruta, la dependencia ha llegado al extremo de rechazar que su Centro ubicado en Acapulco, Guerrero, donde se recibió la notificación, tenga facultades para acreditar el trámite. En las paradojas de la vida, pues, mientras el titular de la dependencia se defiende de su responsabilidad en la tragedia de la guardería ABC de Hermosillo, cargándole las culpas a las oficinas delegacionales y regionales, aquí éstas no cuentan. Lo grotesco del asunto es que la propia Secretaría devolvió la notificación al juez de la causa... mientras tramitaba un amparo que le fue negado en su fase de suspensión provisional y definitiva. Ahora que el 19 de julio pasado el juez segundo de Distrito en Materia Administrativa, en cumplimiento de un exhorto de su colega de Guerrero, intentó entregar la notificación en el domicilio de la dependencia, cuyo personal se negó a recibirla... alegando que esa no era la dirección legal de la Secretaría. A quién le importa si el titular de la Unidad de Asuntos Jurídicos de ésta, Gerardo Sánchez Henkel Gómez Tagle, había señalado que el domicilio social de la SCT era Avenida Universidad y Xola.
El caso es que bajo la misma vía la dependencia ha intentado soslayar la segunda medida cautelar, mientras tramitaba un amparo contra ella... que también le fue negado. La notificación, en este caso, fue entregada en el Centro SCT en Ciudad Victoria, Tamaulipas... quien lo regresaría al juez, con la novedad de que en este caso no fue recibida por éste. El oficio tiene el sello de recibido por la oficialía de partes de la dependencia de la SCT. Lo insólito del asunto es que mientras la SCT le hace al monje loco ("nadie sabe/ nadie supo"), en la página de Internet de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, sección "Confirmación de Acuerdos", están nítidas las referencias en torno a los amparos desechados.
La gran pregunta es si en afán de cumplir compromisos con Televisa, la dependencia se arriesgará a dar el paso hacia el precipicio. No falta mucho para saberlo.
Como le habíamos anticipado en este espacio: ("Se rajó el Gobierno"), finalmente el secretario de Salud, José Ángel Córdova Villalobos, oficializó la reversa oficial de cara a su pretendida acción para evitar la obesidad infantil vía la reglamentación de los productos "chatarra" que se consumen en las escuelas.
Ganaron, pues, los industriales, a quienes representó oficiosamente la subsecretaria de Industria y Comercio de Economía, Lorenza Martínez. Bajo su batuta se orquestó la consulta unilateral, es decir, a soslayo de las organizaciones de consumidores, convocada por la Comisión de Mejora Regulatoria. Bajo la nueva ruta, para empezar, se prohíbe por decreto real usar la palabra "chatarra"; se les da un plazo de gracia indefinida a los industriales para ajustarse a nuevas reglas; se permite la venta de productos de bajo contenido calorífico... por más que no hay límites para los endulzantes calóricos. Bienvenidos, pues, el aspartame, el acesulfame potásico, la sacarina y la sucralosa que tanto se prohíben en la dieta infantil. Y luego se quejan de calificativos de Gobierno fallido.
FUE SABMILLER
Pues ni melón ni sandía. Quien planteó la querella por supuestas prácticas monopólicas de las firmas cerveceras que integran duopolio fue la estadounidense SABMiller, vía su subsidiaria en México.
El golpe apunta a la negativa de Femsa, es decir, las cerveceras Moctezuma y Cuauhtémoc, y en paralelo de Modelo, a darle acceso a sus tiendas de conveniencia, las cadenas Oxxo y Exxtra. En paralelo, en los centros de espectáculos y restaurantes no especializados sólo rifa la posibilidad de una de las marcas hegemónicas, sin opción para las extranjeras.
Miller, la más popular de las marcas en el país del Norte, ha ganado terreno en la frontera, por más que sólo ha logrado una rebanada de mercado equivalente al tres por ciento.
OTRA VEZ CANANEA
Las versiones hablaban ayer de un supuesto amparo que habría obtenido el sindicato minero que encabeza Napoleón Gómez Urrutia contra la extinción del contrato colectivo con la Minera en Cananea, lo que obligaría a dejar las cosas como estaban antes del desalojo de los huelguistas.
Fuera, pues, la Policía Federal Preventiva de las instalaciones.
