Esto ya no tiene remedio: la tan llevada y traída reforma migratoria no será aprobada en el corto y mediano plazo.
Las condiciones son totalmente adversas para ello, desde la crisis económica mundial hasta la promulgación de la
En Arizona.
Barack Obama admitió durante la reciente visita a Washington de Felipe Calderón que no tiene los votos suficientes en el Congreso.
"Necesito sesenta votos de los republicanos", dijo el mandatario estadounidense quien durante su campaña prometió que la nueva Ley migratoria sería aprobada en su primer año de Gobierno.
Pero así son los políticos y la política. En estos momentos sería un milagro que pasara la reforma cuando la economía está tan deteriorada y cuando los norteamericanos están enfocados a luchar contra el terrorismo a través de costosísimas guerras.
Una reciente encuesta de las cadenas NBC-Telemundo reveló que el 60 por ciento de los estadounidenses están a favor de una reforma migratoria, pero al mismo tiempo el 61 por ciento apoya la Ley contra migrantes en Arizona.
Con estos resultados queda la duda si una reforma serviría para legalizar a doce millones de indocumentados que viven en Estados Unidos o si por el contrario se tomarían acciones más drásticas para deportarlos.
En los últimos años los avances hacia un cambio en la Ley han sido mínimos y para colmo llegan al poder los demócratas, quienes tradicionalmente no favorecen a los inmigrantes.
El Gobierno de Bill Clinton impuso en 1994 la Operación Guardián que tantas muertes y sufrimiento ha causado a los mexicanos y demás migrantes que cruzan la frontera con la esperanza de encontrar un mejor nivel de vida.
El republicano George W. Bush empujó por varias vías la reforma migratoria, pero fueron los demócratas y una minoría republicana quienes rechazaron sus propuestas.
La mejor ventana se abrió a principios del 2001 cuando los presidentes Bush y Fox vivían una deliciosa luna de miel.
Pero llegó el ataque mortal a las Torres Gemelas de Nueva York y todo se derrumbó, incluyendo el idilio entre la Casa Blanca y Los Pinos.
A estas alturas queda atrás la ilusión de "la enchilada completa", vaya ni siquiera podríamos pensar en una "mini-enchilada".
Así las cosas ha llegado el momento de modificar la estrategia y volcar los esfuerzos a favor del respeto a la dignidad y los derechos humanos de los inmigrantes por otros conductos.
Estados Unidos es un país de leyes y digan lo que digan la justicia se cumple con sus escasas excepciones.
De ahí que políticos, organismos civiles, activistas, medios de comunicación y todos los que están comprometidos en la defensa de los migrantes tendrían que enfrentar este clima de racismo y discriminación a través de mecanismos legales.
En primer lugar buscar el mejor camino para revocar o suspender la SB 1070 como ocurrió con la proposición 187 de California.
En segundo lugar iniciar por todos los medios posibles una campaña para que los inmigrantes con o sin documentos conozcan sus derechos y sepan defenderse ante los intentos de abuso por parte de autoridades y particulares. Los consulados mexicanos y agrupaciones civiles serían los más indicados para ello.
En tercer lugar promover en ciudades, condados y estados de la Unión Americana propuestas legales a favor de los derechos y la dignidad de los inmigrantes para ser votadas en elecciones futuras.
En Arizona y Texas bien podrían lanzarse iniciativas para que los delitos de odio se castiguen con la más severidad y con ello contrarrestar este clima antiinmigrante.
En suma: dejar por ahora las marchas por la reforma migratoria para trabajar en corto y de manera intensa por leyes locales que rescaten la dignidad de los paisanos migrantes.
Hay que empezar cuanto antes, sin esperar la llegada de otros presidentes y gobernadores que sólo prometen y que en el fondo no tienen a los inmigrantes entre sus prioridades.
