Señalados. Los policías municipales cometieron contra el carromatero actos de molestia, tales como efectuar una 'revisión de rutina', lo cual derivó en una posterior detención del quejoso. EL SIGLO DE TORREÓN
La Comisión de Derechos Humanos del Estado de Coahuila (CDHEC), emitió una recomendación contra el alcalde de Torreón, Eduardo Olmos, por hechos cometidos por agentes de Seguridad Pública, que incurrieron en una detención arbitraria contra un "carromatero".
Bajo la recomendación 41/2010, emitida por la CDHEC, se pide que se aplique un procedimiento administrativo a los policías al mando de Bibiano Villa Castillo, director general de Seguridad Pública Municipal.
Violación al derecho a la seguridad jurídica por acciones u omisiones contrarias a los derechos de las personas privadas de su libertad y violación al derecho a la libertad por detención arbitraria, es la voz que afectó al conductor de un carro de mulas, que fue abordado por personal de la Comisión durante una visita en la cárcel municipal de Torreón.
Este caso es similar al del jardinero que fue detenido por agentes de Seguridad Pública, que lo detectaron con instrumentos de trabajo, amarrados y en una bolsa negra, cuando transitaba a pie por Torreón Jardín. Para recuperar su libertad, el jardinero, identificado como Edson, tuvo que pagar una multa de 10 salarios mínimos, ante el agente del Ministerio Público.
David Omar Sifuentes Bocardo, segundo visitador de la CDHEC, dijo que es importante que los policías se apliquen en su actuación, ya que no pueden detener a personas por "actitud sospechosa" o "marcado nerviosismo", como lo indica la recomendación 02 de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, emitida desde 2001.
"Aquí los policías no están haciendo un trabajo de prevención, más bien parece de provocación y eso lleva a la detención de las personas de forma arbitraria", dice Sifuentes Bocardo.
El segundo visitador menciona que no importa si la autoridad le quiere hacer caso o no a los diferentes organismos de Derechos Humanos, "lo que importa es que se respete la Ley y no se violen las Garantías Individuales".
No hay legalidad
Fernando Ayala, procurador de Derechos Humanos de la Universidad Iberoamericana, dijo que en Torreón no se cuenta con las condiciones para fomentar una cultura de la legalidad porque esta problemática no es aislada, sino que es un reflejo de la falta de una agenda nacional. Consideró que la administración de justicia en la región y los procesos judiciales están en una manera incipiente en la presente gestión. "Hay una evolución si se compara con métodos de hace 40 años pero no quiere decir que sean los métodos convenientes ni adecuados ni que se dejen a salvo los derechos". (F. Pérez-Canedo)
