En 1940. El 20% de los más pobres tenían acceso al 5.6% del ingreso nacional. EL SIGLO DE TORREÓN
A pesar de las políticas redistributivas, el país no ha logrado superar los niveles de desigualdad que dieron origen a la Revolución Mexicana, concluyó John Scott, investigador del Centro de Investigación y Docencia Económica (CIDE).
"Las extremas desigualdades regionales persisten entre las zonas rurales del sur y los centros urbanos y las regiones del norte del país: la pobreza extrema en las zonas rurales de los estados más pobres (Chiapas, Guerrero) hoy es comparable a las tasas de pobreza nacional de hace medio siglo", alerta.
Scott realizó un análisis de indicadores y políticas públicas a lo largo de la segunda mitad del siglo pasado.
Advierte que detrás de la aplicación desigual de políticas redistributivas se lograron avances como la disminución de la mortalidad infantil de 250 por cada mil nacidos vivos a 20 por cada mil nacidos vivos, el aumento de la esperanza de vida de 30 a 75 años, y la reducción del analfabetismo al pasar de un 80 a un 8.4 por ciento.
Sin embargo, los beneficios no se aplicaron de manera uniforme. Por ejemplo, el promedio de la escolaridad del 10 por ciento de los adultos más pobres es de 2 años y la tasa de mortalidad infantil en los municipios más pobres es comparable a los promedios nacionales de 1950.
Además, en 1940, las primeras estadísticas nacionales de las que se tiene registro, el 20 por ciento de la población más rica concentraba el 59.4 por ciento del ingreso nacional, mientras que el 20 por ciento de los más pobres tenían acceso al 5.6 por ciento del ingreso nacional. Ahora la distribución es 52 y 4.6 por ciento respectivamente, según reportes históricas del Inegi.
De acuerdo con Scott, el fracaso redistributivo del Estado se podría resumir en cuatro principales limitaciones en los instrumentos redistributivos del Estado.
El primero, la limitada capacidad fiscal -la capacidad fiscal del Estado pasó del 3 por ciento del PIB en 1910 al 10 por ciento del PIB en el último cuarto de siglo-, que impide un financiamiento sostenible del gasto social.
En segundo lugar, el lento y desigual aumento en la cobertura de instrumentos redistributivos como programas sociales. Actualmente, cerca de la mitad de los programas sociales son regresivos, apunta.
En tercer lugar, la calidad de los servicios, la falta de transparencia y rendición de cuentas. Y por último, el traslado de beneficios a los proveedores de servicios, en lugar de los beneficiarios.
"Una parte significativa del gasto público en estos servicios representan beneficios a los proveedores en lugar de a sus usuarios, en forma de beneficios privilegiados de pensiones, los altos salarios, estabilidad en el empleo y otros beneficios", considera.
Adicionalmente, el académico del CIDE encuentra responsabilidad en el fracaso en la captura de los beneficios del Estado por ciertos grupos de poder.
"La captura tradicional de los instrumentos de redistribución de los grupos organizados, especialmente en el caso de México los sindicatos del sector público y privado, las agrupaciones de productores del sector, sino también la exclusión de grandes sectores de la población a través de las limitaciones estructurales, de carácter no político en el diseño e implementación de estos instrumentos en condiciones de desigualdad", plantea.
En el análisis "El fracaso social de la Revolución Mexicana", Scott recuerda que luego de la Revolución hubo tres mecanismos redistributivos: la reforma agraria, la expansión masiva de educación, salud y seguridad social y la creación de instrumentos redistributivos como los programas contra la pobreza. Además de un aumento del gasto social en ese periodo del 18 al 61 por ciento.
VEN GASTO SOCIAL INSUFICIENTE A pesar de que el gasto social incrementó del 1 por ciento del PIB a inicios de siglo, al 10.2 por ciento, está por debajo del promedio de América Latina, que es de 15.9 por ciento, y es la mitad del aplicado por Brasil, 22 por ciento, o Argentina, 19.4 por ciento.
En Materia de educación, John Scott, investigador del Centro de Investigación y Docencia Económica (CIDE), reconoce el aumento en la cobertura en educación básica, pero advierte sobre la exclusión en la media y media superior, donde la participación del quintil más pobre es insignificante.
Además del costo, detalla que los pobres son excluidos por la calidad de la educación.
Respecto al tema de salud y seguridad social, alerta sobre la disparidad del acceso ya que el gasto en la población asegurada es 50 por ciento mayor que en la no asegurada, a pesar del aumento de inversión a través del Sistema de Protección Social en Salud.
