La ministra chilena del Trabajo, Camila Merino, dijo este viernes a periodistas que los despidos 'por fuerza mayor' llegan a ocho mil 400 en el país, tras el terremoto y posterior tsunami que azotó al territorio nacional el 27 de febrero pasado.
A casi un mes del sismo de 8.8 grados Richter que devastó a la zona centro-sur de Chile, el país afronta ahora un 'terremoto laboral' debido a la ola de despidos por 'causa de fuerza mayor', que afectan a más de ocho mil personas.
La ministra chilena del Trabajo, Camila Merino, dijo este viernes a periodistas que los despidos 'por fuerza mayor' llegan a ocho mil 400 en el país, tras el terremoto y posterior tsunami que azotó al territorio nacional el 27 de febrero pasado.
La funcionaria explicó que los más de ocho mil despedidos por causal de fuerza mayor se enmarcan en la aplicación del artículo 159 del Código del Trabajo, por los efectos del terremoto sobre el sistema productivo.
En la sureña Región del Bio Bio, una de las más dañadas por el terremoto de febrero anterior, los despidos por este motivo ascendían a tres mil 450 al 26 de marzo, mientras que en la Región Metropolitana la cifra llega a las tres mil 651 desvinculaciones.
En la Región del Maule, en tanto, los despidos alcanzan los 540 y en la Sexta Región las desvinculaciones suman 420, de acuerdo al reporte de la titular del Trabajo.
La funcionaria advirtió, sin embargo, que las empresas que apliquen mal esta causal de despido se arriesgan a pagar una indemnización adicional de 50 por ciento.
La ministra aclaró, al mismo tiempo, que las cifras de despidos deberían tender a la baja en las regiones del país afectadas por la catástrofe natural, ya que 'hay varias empresas que se están desistiendo de despedir'.
Merino, por otra parte, anunció la entrega de un bono tanto para estimular tanto la contratación como la retención de los trabajadores de empresas afectadas por el terremoto.
En el primer caso, la bonificación equivale al 40 por ciento del sueldo mínimo, mientras que en el segundo corresponde a un 50 por ciento, medidas que tendrán un costo para el Estado de 12 mil millones de pesos (23 millones de dólares).
