Desde hace tres meses el Ayuntamiento suspendió el apoyo financiero al Instituto Ciudadano para el Buen Gobierno, el cual asciende a 250 mil pesos mensuales. La falta de recursos obligaría al Instituto a cerrar sus puertas.
Al respecto, el tesorero municipal, Pablo Chávez Rossique, no ha dado ninguna explicación e incluso ha ignorado tres oficios y se ha negado a dar audiencia a los representantes del Instituto, encargado de supervisar la transparencia y las prácticas administrativas del Municipio.
Ayer, Montserrat Farrus, Rosa María Barrondo y Bertha García, representantes ciudadanas del organismo, estuvieron en la Tesorería para entrevistarse con Chávez Rossique y aunque tenían cita no fueron atendidas.
Para las representantes, el desinterés de las autoridades es un indicativo de que quieren obligarlo a cerrar.
Esto a pesar de que el secretario del Ayuntamiento, Miguel Mery, así como el regidor José Elías Ganem y el contralor, Lauro Villarreal, son representantes del Municipio en el Instituto.
Villarreal se deslindó del conflicto y dijo que el tesorero es el responsable de entregar el financiamiento.
Por la noche, el alcalde Eduardo Olmos dijo que se liberarían los recursos para la operación del organismo, que goza de una partida en el Presupuesto de Egresos.
