Una y otra vez, al final de los períodos legislativos del Congreso de la Unión, los legisladores empiezan a votar, casi en serie, reformas legales, que estuvieron durante semanas, meses o hasta años detenidas en las diversas comisiones. La actividad de la próxima semana permitirá constatarlo: los legisladores ya tienen programado trabajar de martes a viernes (normalmente sesionan únicamente martes y jueves), pues este último día se termina el mes y el período legislativo, pero además se la pasarán aprobando reformas de ley, muchas de ellas seguramente sin siquiera conocerlas.
Los medios masivos de comunicación dan cuenta de cómo diputados y senadores pretenden resolver en la última semana asuntos de la mayor relevancia para la vida nacional. Los más presentes en la agenda mediática son las reformas a la normatividad en materia de Radio y Televisión; las reformas en materia de Seguridad Nacional; y una reforma constitucional en materia de Derechos Humanos. Pero también están pendientes la reforma política y la reforma laboral, entre otras.
Los tres primeros temas, no son nuevos, al contrario, mínimo tienen un año en el Congreso. En orden de presentación de iniciativas o minutas: el 2 de diciembre de 2008, el senador Manlio Fabio Beltrones presentó la iniciativa para refrendar automáticamente las concesiones en materia de radio y televisión; una semana después, el 9 de diciembre, el senador perredista Carlos Sotelo, presentó una iniciativa de nueva Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión.
Ambas iniciativas estuvieron "en estudio" en la Comisión de Radio, Televisión y Cinematografía del Senado, hasta los primeros días de abril, cuando dicha instancia emitió un dictamen donde tomando artículos de ambas iniciativas, permitía el refrendo automático, reconocía los medios comunitarios y les otorgaba el derecho a éstos y a los permisionarios de comercializar hasta el 5% de su tiempo. En estas mismas fechas, el 8 de abril, el líder de los senadores blanquiazules, Gustavo Madero, presentó un proyecto alternativo, una propuesta integral de nueva legislación en la materia.
En cuanto al proyecto de Reformas a la Ley de Seguridad Nacional, el Ejecutivo lo envió al Senado el 20 de abril de 2009 y fue hasta hace unos días que su discusión se intensificó en la comisión correspondiente y, finalmente, obtuvo la aprobación de un dictamen el pasado jueves 22 de abril, con lo cual se espera que se ponga a consideración del Pleno el próximo martes. La reforma es igualmente controvertida e incluye disposiciones que pueden ser muy riesgosas, como el incluir entre las causales para solicitar el apoyo de las fuerzas armadas "La sublevación y el trastorno interior en una entidad federativa", lo cual parece que fue contrarrestado por una propuesta del PRD que señala: "No procederá la declaratoria de afectación a la seguridad interior cuando la solicitud tenga su origen o causa para dar cumplimiento a requerimientos o resoluciones emitidas por autoridades administrativas o del trabajo; tampoco procederá por acciones relacionadas con movimientos o conflictos de carácter político, electoral o de índole social".
Sin embargo, todo indica que el dictamen, que no considera modificaciones al fuero militar de los integrantes de las fuerzas armadas, será votado en el pleno el martes y, en caso de ser aprobado, turnado a la Cámara de Diputados, para que lo discutan y aprueben en sólo tres días, si quieren resolverlo en el actual período de sesiones.
La reforma constitucional a los derechos humanos fue aprobada en la Cámara de Diputados el 23 de abril de 2009, fecha en que se remitió la minuta al Senado para su estudio, pero fue hasta el 7 de abril de este año cuando éste la aprobó, y con cambios importantes, pues transfiere a la Comisión Nacional de Derechos Humanos la facultad de investigación que hasta hoy tiene la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Los diputados tienen que analizar, discutir y, en su caso, aprobar o rechazar dichos cambios.
Las tres reformas son de la mayor importancia para la vida nacional y, sin duda, requieren atención urgente, pero la urgencia no es argumento válido para impedir su adecuado procesamiento, pues su importancia lo amerita, por lo cual sería conveniente que, al menos estos tres temas, fueran motivo de sesiones extraordinarias, pues tampoco existe ninguna justificación lógica para que los legisladores dejen de sesionar durante cuatro meses seguidos (mayo, junio, julio y agosto).
Por otra parte, un dato muy revelador sobre el Congreso mexicano es que en las últimas cinco legislaturas (desde 1997 hasta la fecha) 4 de cada 5 iniciativas que ha presentado el Ejecutivo Federal (Ernesto Zedillo, Vicente Fox y Felipe Calderón) han sido aprobadas y una, no, la mayoría de éstas todavía está en comisiones; en cambio en el caso de las iniciativas de los mismos legisladores, los números son casi inversos: únicamente el 26% ha sido aprobado.
Estos datos muestran la falacia que se ha construido sobre el bloqueo legislativo al Ejecutivo, a partir de que su partido perdió la mayoría en la Cámara de Diputados, pero también que hay problemas, pues casi las tres cuartas partes de iniciativas de los mismos legisladores quedan sin atender, ya que la mayoría del 74% que no es aprobado tampoco es rechazado.
Así más allá del período extraordinario, que está plenamente justificado, la irregular atención de estos asuntos muestra la necesidad de reformar la normatividad que regula el procedimiento legislativo, entre los cuales, desde luego se encuentran los tiempos de discusión y votación. Por cierto este es uno de los temas incluidos en dos de las iniciativas de reforma política, que también están pendientes de atender.
