Combatir la obesidad en Durango es difícil. Y cuesta. Parece que las autoridades, voluntaria o involuntariamente, nos quieren mantener obesos.
Hace dos años se aprobó -y se presumió hasta el cansancio- la creación de un reglamento para eliminar la venta de comida chatarra en las instituciones educativas. Sin embargo, no funcionó. Las propias autoridades reconocen que en todo ese tiempo no ha sido aplicada una sola sanción; y aunque han promovido entre directores de instituciones la creación de menús nutritivos, el éxito es prácticamente nulo.
Pero ése es sólo un frente desde los que, se supone, se debe atacar el sedentarismo: en la lista de acciones también está la promoción de la actividad física.
Sin embargo, hacer deporte resulta oneroso. Al menos hacerlo en algunas unidades deportivas públicas: ya sea como cuota de ingreso, mediante planes semanales o mensuales o a manera de arbitraje, la mayoría de los lugares obtiene algo de quienes asisten a ellas.
Por años, el área deportiva de instituciones educativas como el CBTIS 110, la Preparatoria Diurna, y la sede del Instituto Estatal del Deporte, entre otras, han condicionado el uso de sus instalaciones al pago de una cuota de acceso, que en la actualidad va de los dos a los cinco pesos. Y aunque esa cantidad pareciera poco onerosa, habría que preguntarle a los que menos tienen cómo la consideran.
Ni hablar de la posibilidad de inscribirse en sesiones gimnásticas, de natación, atletismo o tenis, pues esas disciplinas se reservan a ciertos becados, o para quienes tienen la posibilidad de realizar un pago mensual, quizá de una cantidad similar a la que su padre le representa trabajar tres o cuatro días. Mejor comer.
Son deportes de élite, a los que se inscriben unos cuantos privilegiados, a los que apenas se les alcanza a mantener con el escaso presupuesto con que cuenta el deporte duranguense.
En otros lugares, como la totalidad de las unidades deportivas de la capital, se han establecido mecanismos para hacerse de recursos, ya mediante el cobro de arbitrajes o a través de la renta de espacios destinados, irónicamente, a la venta de productos poco nutritivos: para saciar el hambre hay churritos; para la sed, refrescos.
Por si fuera poco, el acopio de recursos es discrecional: poco se sabe de los informes que los responsables de cada unidad deportiva -en su mayoría ajenos a la función pública- rinden a la entidad responsable de la administración de cada espacio.
En las recién inauguradas, por ejemplo, por cada partido de futbol en cualquier categoría, se cobra como cuota de "recuperación" 120 pesos por equipo en cada uno de los partidos, cantidad que no es mínima si consideramos que fueron construidas en zonas vulnerables y de escasos recursos.
El uso que se le da a lo obtenido, oficialmente, son los gastos para el mantenimiento de la infraestructura. Sin embargo, hay muestras de que eso no ocurre del todo. Como muestra están los años que la cancha de futbol rápido Roberto Silva pasó en pésimas condiciones, tiempo en el que no fueron pocas las lesiones atribuidas al mal estado de la cancha; o las que guarda actualmente el gimnasio municipal, donde en palabras de los usuarios, falta poco para que, más que pesas, "levanten piedras".
Entonces, ¿cómo obtener resultados en el combate a la obesidad, si son las propias autoridades las que la promueven?
Los gobiernos deberán enfocarse en lo que les toca, pues los reglamentos de los espacios deportivos se han ido convirtiendo en un listado de medidas restrictivas antes que promotoras.
Durango ya está gordito y algo habrá que hacer. Que las familias asuman su responsabilidad y que el Gobierno ponga de su parte.
FINALMENTE las autoridades entregaron el teleférico de Durango y ya está en funcionamiento, aunque 69 días después de la fecha para la que había sido prometido (29 de agosto). Y aunque, como dice el adagio popular, "prometer no empobrece", en esa obra está el más claro ejemplo de que a veces puede desvirtuar a quien lo hace.
AUNQUE con un actuar ciertamente tibio, la oposición en el Congreso local ha logrado mantener viva la discusión de las reformas a la Constitución con las que se busca integrar el Tribunal de lo Contencioso Administrativo al Poder Judicial del Estado; ya los representantes de ese poder y del Ejecutivo se pronunciaron en favor de las modificaciones, aun y cuando el actuar del organismo en los últimos años demuestra que lo único que le hacen falta son más recursos. Sea cual sea la decisión que se tome, seguramente su aprobación se acelerará, toda vez que está por vencer el tiempo de los magistrados en ese encargo.
