Protestas. Un joven realiza pintas en contra de la nueva Ley antiinmigrante en Arizona a las afueras del Congreso de Phoenix un día después que la gobernadora, Jan Brewer, aprobara la enmienda.
Arizona enfrenta la amenaza de una serie de boicots económicos que podrían revivir un penoso capítulo de la historia de esa entidad, tras la promulgación de la Ley estatal que criminaliza a la inmigración indocumentada.
La Asociación Americana de Abogados de Inmigración aseguró, horas después que la gobernadora Jan Brewer firmara la Ley, que cancelaría su convención nacional de otoño programada para efectuarse en un hotel de la ciudad de Scottsdale, Arizona.
Mientras, decenas de camioneros independientes hispanos acordaron no trasladar ni recoger cargas desde y hacia Arizona en protesta por la nueva Ley.
El representante federal Raúl Grijalva, demócrata por Arizona, calificó a la nueva Ley de racista y convocó a las compañías, a lo largo y ancho del país, a sumarse a un boicot económico contra esa entidad.
Arizona se apresta a reabrir un triste episodio de su pasado, que dañó no sólo la economía de la entidad, sino también su prestigio.
A finales de la década de los años ochenta y principios de los noventa, Arizona fue objeto de múltiples boicots, al negarse a conmemorar con una jornada de asueto pagada el día dedicado al luchador de los derechos civiles, Martin Luther King Jr.
Mientras tanto, dos grupos hispanos se disponen a presentar sendas querellas contra la Ley.
El Fondo Mexicano-Estadounidense de Defensa Legal y Educación (Maldef, por su sigla en inglés) indicó en un comunicado que la legislación "lanza a Arizona en una espiral de temor, desconfianza en las comunidades, creciente criminalidad y litigios costosos, con repercusiones para todo el país" .
Maldef anunció que iniciará una querella contra ella.
Por su parte, William Sánchez, presidente de la Coalición Nacional del Clero Latino y el Fondo de Dirigentes Cristianos para la Defensa Legal, señaló que también su grupo prepara una demanda en el ámbito federal para impedir que se aplique la nueva Ley en Arizona.
"Millones de latinos en todo el país están conmocionados" , sostuvo Sánchez, cuyo grupo representa a unas 30 mil iglesias evangélicas en todo Estados Unidos, incluidos 300 pastores hispanos en Arizona.
La aprobación de la normativa la semana pasada en la legislatura de Arizona respondió al clamor de ciudadanos, especialmente cerca de la frontera de México, después que un ranchero fuera asesinado supuestamente por inmigrantes indocumentados o contrabandistas, en una región por donde cada año cruzan millones de extranjeros que ingresan ilegalmente a Estados Unidos.
"No podemos sacrificar nuestra seguridad a la avaricia asesina de los contrabandistas de drogas", dijo Brewer el jueves después haber promulgado la Ley.
Critica la Presidencia de México la Ley en Arizona
Tras condenar la Ley de Inmigración, Aplicación de la Ley y Vecindarios Seguros (SB1070) aprobada en Arizona y avalada por su Gobernadora, Jan Brewer, la Presidencia de México advirtió que esto es un obstáculo para la solución de problemas comunes.
En un comunicado emitido ayer, la Presidencia manifestó que la criminalización del fenómeno migratorio, como lo especifica la SB1070, no contribuye a la cooperación y colaboración entre México y el Estado de Arizona.
"Representa un obstáculo para la solución de los problemas comunes en la región fronteriza y en América del Norte en su conjunto", señaló la Presidencia.
Agregó que el Gobierno de México trabajará por el respeto a los derechos humanos y la dignidad de todos los mexicanos en el exterior sin importar su condición migratoria.
Las autoridades mexicanas, según Presidencia, han implementado un programa de trabajo jurídico para ubicar todas las posibilidades en este ámbito que se puedan utilizar y hacer frente, así a la Ley SB1070.
