Abusos. Las irrupciones de los elementos de seguridad implican detenciones arbitrarias, agresiones físicas y verbales contra las familias.
La Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) reveló que existen 657 casos de allanamiento de morada, cometidos por agentes de la Fiscalía General del Estado y por policías preventivos.
Dichas violaciones al derecho a la privacidad derivaron en otras irregularidades como detenciones arbitrarias y amenazas, según complementó el organismo.
Los datos forman parte de la Recomendación General 2 emitida por la CEDH, relativa a las prácticas ilegales de allanamiento de morada, publicada ayer por el organismo de derechos humanos.
De acuerdo con la explicación, la recomendación surge del análisis de las quejas recibidas y los datos que se encuentran en los archivos de la CEDH, mismos que permitieron concluir que en 657 casos se comprobó la violación al derecho a la privacidad, debido a que agentes investigadores de la ex Procuraduría General de Justicia del Estado y actual Fiscalía General, así como de las policías Estatal y Municipal, ingresaron a domicilios sin autorización judicial.
Los detalles de los expedientes coinciden en que los cuerpos de seguridad llegan a los domicilios en la madrugada, tocan la puerta y, con engaños o amenazas, logran que les abran la puerta para entrar y aprovechan para amagar a los moradores con sus armas; pero si no les abren, amenazan con "reventar" la casa mientras otros agentes se suben a la azotea para brincar al patio trasero, derriban puertas e ingresan.
Aunque los afectados solicitan a los intrusos que se identifiquen y muestren la orden pertinente, los agentes responden que no la necesitan, que ellos son la autoridad o que sus armas representan la orden para meterse a donde quieran o que con eso basta para identificarse. Además de que llegan en vehículos sin logotipos y portan capuchas.
Las casi 80 recomendaciones que la Comisión ha emitido por ese concepto derivaron en el inicio de 135 procedimientos administrativos contra servidores públicos, de los cuales sólo a 112 se les inició averiguación previa.
Sin embargo, a pesar de estos apercibimientos y las violaciones de los agentes encargados de la "seguridad" de los ciudadanos, persiste la impunidad. El organismo reveló que hay servidores públicos reincidentes en violar derechos humanos, mismos que siguen laborando sin que se les impusiera sanción alguna.
Pero los agentes de la actual División de Investigación de Delitos no se conforman, pues aparte de allanar domicilios destrozan pertenencias o se las roban, de acuerdo con los expedientes de la CEDH.
