¿A quién le cree usted? Mientras Alsea, la cadena de franquicias más grande del país, niega haber sido objeto de un embargo precautorio por parte de Italcafé, la firma propietaria de 37 restaurantes Italianni's, ésta jura y perjura lo contrario.
Más aún, amenaza con solicitar a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores una investigación contra la franquiciadora por divulgar información falsa a los inversionistas, en su calidad de emisora en el piso de remates.
De hecho, en prenda de su aserto, la empresa asegura haberse nombrado como interventor de los bienes asumidos, es decir, las franquicias Domino's Pizza, Chili's, Burger King, Starbucks Coffee, PK Chang's y California Pizza Kitchen, a Eloy Moreno León.
Éste tendría siete tareas a realizar: Inspeccionar el manejo de la negociación y las operaciones que se verifiquen, a fin de que produzcan el mayor rendimiento posible; vigilar las compras y ventas de las negociaciones mercantiles; recoger, bajo su responsabilidad, el producto de estas últimas; vigilar la compra de materias primas, su elaboración y la venta de los productos en las negociaciones industriales...
Además, recoger el numerario y efectos de comercio para hacerlos efectivos a su vencimiento; ministrar los fondos para los gastos de la negociación, y revisar que la inversión en fondos de renta se haga convenientemente.
Un supergerente, pues, ajeno a la empresa, en afán de garantizar los mil 300 millones de pesos que en principio debe pagar Alsea para adquirir los 37 restaurantes de la discordia, en acato a una resolución de segunda instancia del Tercer Tribunal Unitario en Materia Civil y Administrativa del Primer Circuito, quien confirmó una sentencia en primera instancia que validaba el contrato original firmado por las partes. Hasta ahí, así, se le estaría levantando la mano a la compañía encabezada por Eduardo Cachoua Flores.
Sin embargo, la versión de Alsea es que la diligencia, calificada de "arbitraria", realizada el martes pasado por un actuario del Juzgado Quinto de Distrito, quien había emitido la sentencia de primera instancia, resultó improcedente, dado que no existe aún una sentencia en firme.
De acuerdo a su óptica, la resolución del Tribunal Colegiado de Segunda Instancia es aún susceptible de combatirse vía un amparo directo... que está en proceso de interponerse.
De acuerdo con el Artículo mil 334 del Código de Comercio, no puede exigirse el cumplimiento de una sentencia que no sea definitiva, es decir, que todavía exista alguna vía para impugnarla.
El caso es que para Italianni's, aun con el amparo en la mano, Alsea ya no podría liberar los bienes embargados.
Más aún, señala que de no obtenerse rápidamente éste, los activos podrían ser subastados.
El enredo se vuelve más espeso a la luz de una amenaza de Alsea de presentar una inconformidad ante el Consejo de la Judicatura contra el juez de la causa, al que acusaría de no haber valorado con seriedad las pruebas de descargo presentadas.
En la carambola, se acusaría al magistrado ponente de la resolución en segunda instancia, Manuel Juárez Fragoso, de haber otorgado a Italcafé prestaciones adicionales a la sentencia de primera instancia.
Estamos hablando de pagarle a Italianni's un interés moratorio equivalente a dos veces la tasa interbancaria estimada, es decir, más o menos 9%, a partir de 2008 en que se firmó el contrato objeto del litigio.
Ahora que la firma franquicitaria de alcance hemisférico, propiedad de Armando Torrado Martínez, insiste en que el contrato es inválido dadas las inconsistencias e irregularidades detectadas.
De entrada, señala que Italcafé no era dueña de las acciones que iba a comprar Alsea, dado que éstas pertenecían a la familia Cachoua, por lo que la transacción no podría llevarse a cabo.
Más allá, señala que al margen de ello los valores no habían sido liberados de una prenda en el lapso en que la familia Cachoua exigía el pago por la compra de sus activos, lo que activó una cláusula suspensiva. El adeudo, según ello, fue ocultado dolosamente.
La paradoja del caso es que Alsea señala que, "en el remoto caso" en que la sentencia a favor de Italcafé o Italianni's quedara en firme, cuenta con la capacidad económica para cumplir el compromiso.
Dicho con todas las letras, el embargo no es necesario. Por lo pronto, al margen de las versiones contrapuestas, la ventaja de Italianni's es más que evidente.
BALANCE GENERAL
La noticia es que el Gobierno de Aguascalientes, ¡válgame Dios!, ha sido enviado al Buró Nacional de Crédito, lo que implica, como a cualquier cristiano, el cierre de las ventanillas de crédito de todas las instituciones financieras nacionales e internacionales.
Naturalmente, en el segundo acto de la trama, se degradaría la calidad crediticia de la entidad federativa, lo que impediría "bursatilizar", es decir, colocar en los mercados adeudos pendientes.
La sorpresa, pues, será para el nuevo gobernador priista en lista de espera, Carlos Lozano de la Torre, a quien le aguarda la horca.
La acción obedece a la negativa del gobernador saliente, Luis Armando Reynoso Femat, de cubrir un préstamo de 91 millones de pesos otorgado por el banco Interacciones, que se documentó como apoyo para el arrendamiento de equipos blindados, equipos de cómputo y vehículos equipados con rayos X para detectar armas.
En prenda de los recursos recibidos, la Secretaría de Finanzas firmó una serie de pagarés, ninguno de los cuales hasta hoy, dos años después, ha sido redimido.
El Gobierno panista de Aguascalientes, pues, en la imaginación se colocaría a la vanguardia en la lucha contra el crimen organizado.
El caso es que los recursos desaparecieron misteriosamente de las arcas públicas.
Por lo pronto, además de boletinar a la entidad federativa en la lista negra de deudores morosos, el acreedor ha presentado media docena de demandas ante instancias estatales y federales.
De hecho, hay una de carácter penal contra el aún gobernador ante la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos Financieros de la Procuraduría General de la República.
El escenario, pues, podría llegar al embargo.
TODA LA FURIA
En represalia por su tenaz oposición a una posible fusión de Nacional Financiera y el Banco Nacional de Comercio Exterior en que subsistiría la primera, además de su rechazo a la exigencia de constituir una nueva Federación de Sindicatos de la Banca Pública, se está realizando una campaña de hostigamiento contra el sindicato del segundo.
En la ruleta, por ejemplo, el Bancomext le está exigiendo desalojar las oficinas que ocupa en su edificio sede desde hace 25 años, argumentando que no hay espacio físico para ellas.
El desalojo alcanzaría al secretario general del sindicato y a tres de los secretarios del Comité Ejecutivo Nacional.
El intento movilizó a 70% del personal del banco de desarrollo para firmar una carta pidiendo una suerte de tregua para favorecer el diálogo.
En la tenacidad de los directivos del banco de hostigar al sindicato por sus críticas a la forma en que lleva la administración, se le envió una carta al secretario de Hacienda, Ernesto Cordero, en reclamo de auxilio.
