Sanciones ejemplares. Cinco ex funcionarios estatales fueron inhabilitados de cualquier cargo público por alteraciones en el padrón.
Por encontrar y comprobar irregularidades en el canje y expedición de placas del servicio público a vehículos sin concesión, la Secretaría de la Contraloría y Modernización Administrativa, sancionó a cinco ex servidores de la Dirección General de Transporte en el Estado.
Además, la dependencia estatal presentó una denuncia ante la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) por la alteración del padrón de concesionarios del transporte público, contra quien resulte responsable.
En un comunicado, la titular, María de Lourdes Nevárez Herrera, informó que con el propósito de imponer castigos ejemplares a quien haya cometido actos de corrupción durante la presente administración, se emiten las siguientes resoluciones:
LOS NOMBRES Y es que resultado de la auditoría realizada a la Dirección General de Transporte, que se ejecutó en un término de alrededor de dos años, arrojó la inhabilitación a Carlos Burciaga Rosales hasta por tres años, a quien fuera titular de la citada dirección, por autorizar los trámites de canje y expedición de placas del servicio público a unidades que carecen de concesión.
Cabe señalar que la inhabilitación es la sanción máxima que prevé la Ley de Responsabilidades de los Servidores Púbicos del Estado y de los Municipios en su Artículo 52, ante la gravedad de las irregularidades cometidas por los ex funcionarios.
Dicha sanción consiste en que no podrá desempeñar puesto, cargo o comisión dentro de la administración pública estatal, hasta en tanto cumpla con la sanción sustentada en la citada Ley.
EN LA LAGUNA Bajo la misma causa se inhabilita por dos años a José Antonio de los Santos Ortiz, quien se desempeñaba como subdirector de Transportes en la región Laguna, a quien se le comprobaron fehacientemente irregularidades como las señaladas, durante su encargo público.
En el mismo sentido y con fundamento en el Artículo 52, se sanciona a Roberto Ortiz Morales; Gerardo Lara Pérez y César Antonio Martínez González, ex subdirectores de transportes en la región Laguna, inhabilitándolos por un año de cualquier cargo público.
En el documento, la titular de la dependencia estatal señala que "de esta manera la Secomad demuestra su pleno compromiso con la transparencia y el cumplimiento ante la ciudadanía de ofrecer resultados claros sustentados de una investigación seria, profesional y de fondo como es el caso de la Dirección de Transportes y de todos aquellos ejercicios de fiscalización practicados a las diversas instancias gubernamentales y de conformidad a la normatividad en el Estado".
La Secretaría de la Contraloría asegura que la auditoría implicó el profundo análisis en el origen del otorgamiento de placas del servicio público para garantizar la legalidad de éstas y con la finalidad de ofrecer resultados precisos.
