La sorpresiva creación de un Comité de Coordinación para apoyar el proceso de reestructura de Mexicana de Aviación representa un intento de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes de lavarse la cara frente a una actuación errática, por no decir absurda, frente al conflicto.
De entrada, la dependencia no debió autorizar que la línea aérea suspendiera sus operaciones, dado que es un servicio público concesionado. De acuerdo con la Ley, la posibilidad sólo es válida frente a una causa justificada, por ejemplo, el carecer de mantenimiento la flota o envejecimiento de las naves, en cuyo caso habría que ubicar los medios para librar el obstáculo, incluso por la vía de la subvención provisional.
Como usted sabe, en caso de huelga de una firma de servicio público el Gobierno puede recurrir a la figura de la requisa, es decir, mantener las operaciones sin menoscabo del derecho de los trabajadores.
Y aunque días después de la suspensión, concretamente el siete de septiembre pasado, el juez de la causa concedió a la compañía la posibilidad de un concurso mercantil o procedimiento de quiebra ordenada, tampoco ello justificaba el haber cerrado los hangares.
Muchas empresas entran a la alternativa sin paralizar sus operaciones.
Más aún, la dependencia encabezada por Juan Molinar Horcasitas autorizó también la parálisis de las filiales de la empresa aérea, Click y Link, sin que ni siquiera hubieran solicitado la posibilidad de concurso mercantil, por más que Mexicana las había incluido en el paquete.
De acuerdo a sus estados financieros, las dos empresas operaban con números negros, lo que ni jurídica ni éticamente justificaba su suspensión.
El problema es que la pifia de la SCT se llevó de corbata al 42 por ciento de las operaciones aéreas del país, en un escenario en que México estaba en el centro de la atención mundial por el Bicentenario del inicio de la lucha por la independencia.
Y aunque el formidable boquete intentó cubrirse con la asignación de los slots, es decir, espacio para despegue y aterrizaje, de las tres líneas aéreas a la competencia, es decir, Aeroméxico, Interjet o Volaris, éstas se lanzaron al abordaje en materia de tarifas.
La carambola, pues, fue de tres bandas: el país, el público usuario... y el valor de la marca Mexicana de Aviación, con más de 80 años de existencia.
Digamos que olímpicamente la SCT renunció a sus obligaciones.
Ahora que el autismo de la dependencia se había reflejado desde el inicio del conflicto, cuando le cedió los trastos, acaso por mandato presidencial, a la Secretaría del Trabajo para intentar desesperadamente salvar a la empresa de la quiebra.
El resultado, como usted sabe, fue desastroso, dado que culminó con un acto de simulación orquestado por el fondo Advent Internacional, instancia contratada para plantear una reestructura de la compañía con miras a venderla, quien se sacó de la manga un supuesto comprador, la Tenedora K.
Ésta le inyectaría, en el papel, 12 millones de dólares a la firma, por más que de ser efectivos su destino será el renglón de cuentas perdidas.
La suspicacia pensaría que la dependencia encabezada por Juan Molinar Horcasitas le puso el pie para una zancadilla a su compañero de gabinete, Javier Lozano Alarcón, a quien se ubica como carta para jugar por la "grande".
Por lo pronto, el Comité creado tardíamente por la SCT se encuentra en la encrucijada: Intentar el rescate de la línea aérea por la vía de los recursos públicos, lo que provocaría un alud de críticas, o pactar arreglos con un nuevo comprador a futuro para inyectarle recursos... a cambio de condonar deudas oficiales.
Lo inaudito del caso es que el presidente del Comité sea el subsecretario de Transportes de la dependencia, Humberto Treviño, es decir, el funcionario que mayor responsabilidad tendría en el desastre de la línea aérea, al no detectar a tiempo lo que apunta hacia un fraude empresarial.
En el exceso, la dependencia no alertó al Banco Nacional de Comercio Exterior de los riesgos que corría la compañía en la fase previa al préstamo de 900 millones de pesos otorgado por éste.
Más aún, tampoco colocó focos rojos ante la posibilidad de que el Gobierno avalara una colocación jumbo de deuda de la firma, cuya alerta que impidió el absurdo la colocaría la Secretaría de Hacienda.
Treviño es el responsable de la degradación, dictada por Estados Unidos, de la seguridad aérea de México, al no otorgar la información solicitada por la AAF en relación a los 600 pilotos egresados de una escuela "patito" que exigía el país del norte.
La caída a la categoría II le impide a Aeroméxico, Volaris o VivaAerobus tener nuevas rutas a ese país, o mantener códigos compartidos para que sus usuarios puedan volar en otras aerolíneas.
La iglesia, pues, en manos de Lutero.
Se diría, pues, que en afán de salir del pantano la SCT se metió a terrenos más profundos.
En lo que pareciera una actitud desesperada de la Comisión Federal de Telecomunicaciones para liberar de obstáculos la entrega de la concesión al binomio Televisa-Nextel para operar una red nacional para telefonía celular en la banda de 1.7 gigahercios, el director de Amparo de la dependencia, Manuel Mc Farlan, en compañía del ex procurador de Tamaulipas, Max Gutiérrez, amenazó al juez de Distrito en Materia de Amparo, con sede en Matamoros, Francisco Javier Cavazos.
Éste, como usted sabe, fue quien dictó una medida cautelar, a solicitud de una de las empresas del Grupo Salinas, que impide cerrar el proceso de la licitación 21, es decir, otorgar los títulos de concesión a las firmas ganadoras, entre ellas las señaladas.
La exposición de motivos del togado señala que las bases de licitación estaban diseñadas para que Televisa-Nextel asumiera la red nacional pagando sólo un precio simbólico.
Esto fue de 180.6 millones de pesos.
La resolución se dictó a mediados de agosto pasado, es decir, en plena recta final del proceso, sin que hasta hoy la Secretaría de Comunicaciones y Transportes haya logrado revertirla.
GOBIERNO FALLIDO
De acuerdo a un estudio denominado "Evaluación del gasto en educación, salud, infraestructuras, equidad social 2010", realizado por el Centro de Análisis México Evalúa, el Gobierno no sabe ejercer el presupuesto.
Aunque en materia de educación, por ejemplo, se gasta el equivalente al 15 por ciento del gasto público total, frente al nueve de los países integrados al Organismo para la Cooperación y Desarrollo Económico, el monto no se refleja en resultados.
La razón es simple: el 97.6 por ciento del total se va a gasto corriente, es decir, salarios y prestaciones de los maestros.
Peor aún, a pesar del monto erogado la educación pública en México no es gratuita, dado que las familias deben invertir hasta el 10 por ciento de sus ingresos para lo que se califica de "imprevistos".
En materia de salud, desde otro ángulo, aunque la inversión alcanza tres mil 120 pesos por persona, frente a los mil 235 de 1990, tampoco hay resultados.
La administración acapara la mayor parte del gasto.
