La iniciativa SB 1070, aprobada esta semana por el Senado de Arizona y en espera de ser promulgada por la gobernadora Jan Brewer, pone en riesgo a 450 mil mexicanos indocumentados que residen en esa entidad de Estados Unidos.
De acuerdo con el Pew Hispanic Center, en Arizona residen alrededor de 500 mil migrantes indocumentados, de los cuales, el 90 por ciento es de mexicanos.
El estado es el sexto de Estados Unidos con mayor número de indocumentados y casi el 10 por ciento de su fuerza laboral está constituida por migrantes irregulares.
Al igual que en California, Colorado, Nevada y Texas, en Arizona por lo menos uno de cada 10 estudiantes de educación preescolar y primaria tiene un padre indocumentado.
La iniciativa aprobada por el Congreso de Arizona otorga el carácter de criminales a los indocumentados y autoriza a la Policía detener a cualquier persona sospechosa de residir ilegalmente en el estado.
Quienes no cuenten con papeles podrían ser condenados a prisión hasta por seis meses y multados con hasta 2 mil 500 dólares.
Guillermo Alonso Meneses,investigador del Departamento de Estudios Culturales de El Colegio de la Frontera Norte, consideró que la iniciativa es una muestra de la "involución" que se registra en Estados Unidos no sólo respecto al tema migratorio, sino en materia de combate a la discriminación.
En entrevista, advirtió que la entrada en vigor de la ley SB1070 provocará que los migrantes indocumentados se desplacen a otros estados de EU.
Esos desplazamientos, sostuvo, afectarán directamente a la economía de Arizona, que resentirá la falta de mano de obra barata.
Por su parte, diputados del PAN, PRI y PVEM exigieron al Gobierno Federal alzar la voz y exigir respeto a los derechos humanos de mexicanos ante el proyecto de "caza de migrantes" que está listo en Arizona.
Por separado, legisladores de los tres partidos exhortaron a la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) actuar con firmeza en este nuevo intento por criminalizar a los migrantes mexicanos.
"Porque así como nos piden colaboración para resolver sus problemas de seguridad, los norteamericanos deben ofrecer garantías a nuestros migrantes que no son criminales", coincidieron por separado diputados del PAN, PRI y PVEM.
Rubén Moreira legislador del PRI y presidente de la Comisión de Derechos Humanos explicó que son casi 10 años de política exterior "errática y no existe siquiera el intento de retomar la negociación del tema migratorio".
Al respecto, el coordinador de los diputados del Partido Revolucionario Institucional (PRI) Francisco Rojas Gutiérrez, consideró que la Secretaría de Relaciones Exteriores "tiene que asumir sus responsabilidades y ver por nuestros compatriotas".
