Observaciones de todo tipo, desde desvío de recursos federales originalmente dirigidos a programas sociales, licitaciones irregulares y derroche del presupuesto de Zacatecas, crecen sobre el recién terminado gobierno de Amalia García Medina, cuya administración se encuentra sujeta a una minuciosa auditoría por parte de la Controlaría Interna, que podría culminar con denuncias penales.
Las pesquisas de esta oficina, encabezada por Guillermo Huízar, ahora también alcanzan los intereses del estado que se encontraban en el exterior.
Se documentó que la administración de Amalia García Medina destinaba 20 mil euros mensuales (entre 310 mil y 350 mil pesos, según el tipo de cambio del momento) sólo para mantener la representación del gobierno de Zacatecas en Madrid, España.
Los depósitos dan cuenta de las transferencias electrónicas que cada mes se enviaban, desde la Secretaría de Finanzas local, a la capital española para cubrir los gastos de renta, luz y agua del inmueble, ubicado en una zona exclusiva residencial, y que prácticamente no tuvo un uso oficial útil ni práctico ni para negocios ni como sede para difundir el comercio y la cultura de Zacatecas.
Los pagos se mantuvieron por meses y los envíos se realizaron puntualmente a través de BBVA Bancomer a la cuenta de abono 01824008270208501682, desde por lo menos el año 2007, cuando comenzó con su operación formal, según consta en documentos que se encuentran en la Secretaría de Finanzas del estado.
El costo de renta y manutención de la llamada "Casa de Zacatecas" en Madrid podría haber alcanzado el millón de euros en ese lapso, es decir, unos 16 millones de pesos, según la dependencia de Finanzas local.
El nombre del beneficiario registrado es Inveuropa Promotora Empresarial, que está en Madrid, España, y de la que no hay mucha información.
El último depósito fue realizado el 11 de agosto de 2010, por la cantidad de 333 mil pesos, equivalentes a 20 mil euros al tipo de cambio de esa fecha fijado en 16.65 pesos, según el recibo de la transferencia de recursos.
El gobierno del priista Miguel Alejandro Alonso Reyes, apenas tuvo las riendas del estado y lanzó a todo un equipo de la Contraloría Interna para escudriñar en los expedientes de la pasada administración encabezada por Amalia Dolores García Medina, y documentar el manejo de los recursos de la ex gobernadora, una de las políticas de mayor peso en el Partido de la Revolución Democrática (PRD).
OTRAS EVIDENCIAS De acuerdo con información de la Contraloría Interna, de mil 254 millones de pesos destinados a contratos de servicios y obras en el período 2009-2010, 62% de los recursos, es decir, 744 millones de pesos, se realizaron bajo adjudicaciones directas, sin que hubiera dictámenes que las justificaran.
El contralor Huízar precisó que para otorgar una adjudicación directa debe tratarse de una obra considerada "prioritaria", vital para el funcionamiento del Gobierno o de la ciudad.
Hay obras monumentales como la Plaza del Bicentenario, construida con una licitación obtenida de forma extemporánea y con un sobreprecio de más de 46 millones de pesos, de acuerdo con la cotización ordenada por la Contraloría Interna del estado. La obra tuvo un costo inicial presupuestado de casi 300 millones de pesos.
En los registros de la Contraloría Interna obra una cotización ordenada en noviembre por la Secretaría de Finanzas, en la que se detallan los precios de mercado que la empresa Cemex ofrecía para la construcción de la plaza, y en la que son significativamente menores a los que se aceptó en la licitación otorgada por la administración de Amalia García Medina.
