Es inevitable que el asunto del agua ocupe el espacio principal en esta recapitulación de 2010, sobre el cual, si bien no se pueden considerar todos los aspectos que le determinan, agregaríamos dos más: por un lado, surgió la cuestionable intención de pretender resolver el problema del suministro del agua urbano-doméstica mediante la construcción de una planta potabilizadora que no sólo requerirá una inversión faraónica, sino evade la solución al problema central de sobreexplotación del acuífero principal y constituye una respuesta generacional y no transgeneracional, como debe visualizarse, de modo tal que, de lograrse, pasemos irresponsablemente la pelota a nuestros descendientes; la magnitud de esta problemática requiere aplicar opciones sostenibles y con gran visión.
Por el otro, la buena noticia de que ayer se reactivó el Consejo de Cuenca de los ríos Nazas Aguanaval, organismo de gestión hídrica en el que concurren representantes de las oficinas responsables del manejo del agua en los tres niveles de gobierno, los distintos tipos de usuarios en las diferentes partes de la cuenca y la sociedad organizada; se instaló formalmente la Asamblea General de Usuarios y se presentó el Programa Preliminar de Gestión, abriendo con ello un espacio público para abordar la compleja problemática asociada a la conservación y uso de este recurso vital para el desarrollo regional, ya que, como señaló el titular de la Comisión Nacional del Agua, es un asunto que debe tratarse con un enfoque de cuenca y, dentro del marco legal vigente, el consejo es una instancia necesaria para hacerlo.
Este año también presenta buenas y malas noticias sobre otros aspectos ambientales. En materia de biodiversidad, lo positivo es la conclusión de tres estudios técnicos justificativos para declarar igual número de posibles nuevas aéreas naturales protegidas, una de categoría estatal y dos federales; la primera refiere a la Sierra y Cañón del Sarnoso, gestión impulsada por la Dirección de Ecología de Gómez Palacio con el respaldo técnico de la Escuela de Biología de la UJED, mientras que las otras dos, en la zona de pastizales conocida como Cuchillas de la Zarca y en la parte media del Río Nazas, promovidas por la Secretaría de Recursos Naturales y Medio Ambiente de Durango (Serenama) y la Comisión Nacional de Aéreas Naturales Protegidas (Conanp), con el respaldo técnico de la Facultad de Agricultura y Zootecnia de la misma universidad, cuyos dictámenes se esperan y, en dado caso de prosperar, se ampliará el territorio en estatus de protección dentro de nuestra cuenca a la vez de será posible pasar de una práctica de conservación insular a otra de corredores biológicos.
También son reconocibles los esfuerzos en materia de conservación de la fauna y flora silvestre que realizan la misma Conanp en la Reserva de la Biosfera Mapimí, que recién cumplió treinta y cinco años de haberse declarado como primer ecosistema representativo de las zonas áridas con este estatus en México, así como el que realizan las asociaciones civiles ProdeNazas y Fundación Jimulco en el Parque Estatal Cañón de Fernández y la Reserva Ecológica Municipal Sierra y Cañón de Jimulco, que han detenido las amenazas derivadas de la presión antrópica sobre la riqueza biológica ahí existentes y con ello permitir continuar prestando los servicios ambientales y de turismo de naturaleza a la población lagunera y foránea. Sin embargo, tales esfuerzos no eluden la responsabilidad gubernamental y de la sociedad de apoyar la gestión que realizan las comunidades rurales de estas áreas protegidas por mejorar sus condiciones de vida como condición para que, en su calidad de dueños, garanticen la conservación de esos recursos naturales en estos espacios geográficos que, por fortuna, aún nos quedan a quienes vivimos en esta región y cuenca.
La mala noticia refiere a las limitaciones culturales que tienen aquellos funcionarios públicos que aún están imposibilitados de comprender la importancia de apoyar, más allá de los niveles declarativos, con los recursos necesarios que posibiliten la protección de la escasa biodiversidad que aún conservamos después de haber alterado drásticamente los otrora ecosistemas naturales propios de estos lugares, lo cual se observa en la asignación de presupuestos raquíticos y en el regateo de los mismos, como sucede en la última de esas áreas donde parece que es más importante aplicar una inversión claramente mayor en una pequeña plaza urbana con respecto a un enorme espacio rural que recibe recursos a cuentagotas, ciertamente, ambos prestan servicios importantes a la ciudadanía, pero a la vez notablemente diferentes. Esto ocurre, quizá, por las dificultades que tienen de comprender esquemas de gobernanza que involucren la participación ciudadana en la gestión ambiental como ocurre en los espacios protegidos.
Este 2010 no aporta importantes avances con respecto a los ya existentes en la aplicación de medidas para disminuir o mitigar la contaminación del aire atmosférico, tanto en los espacios urbanos como rurales, puesto que continúa prácticamente la misma infraestructura instalada en años previos, no se han realizados los estudios necesarios para determinar las principales fuentes, tipos y mediciones de los contaminantes, aunque se inician cambios tecnológicos en las explotaciones agroganaderas para el manejo de estiércoles y la generación de energía. En este año destaca la persistente convocatoria de los empresarios industriales a través del Secretariado Técnico para enfrentar el Cambio Climático a nivel local, los avances en el Programa Proaire y otros esfuerzos locales, pero se denota la ausencia de recursos para realizar acciones que en los hechos marquen la diferencia. Finalmente, debe mencionarse que inician los ordenamientos ecológicos de los municipios de Gómez Palacio y Lerdo, ejercicios de planeación con los cuales se busca establecer la compatibilidad entre las aptitudes naturales y las actividades desarrolladas en sus respectivas jurisdicciones.
