"Seguridad es prever todo lo que puede salir mal."
Anónimo
No sorprende que el segundo tribunal colegiado del quinto circuito haya otorgado un amparo a Marcia Gómez del Campo. No había razón jurídica para responsabilizarla penalmente del incendio del 5 de junio de 2009 en la Guardería ABC de Hermosillo que mató a 49 niños y dejó heridos a decenas más.
La señora Gómez del Campo era una de las accionistas de la guardería, pero no la operaba. No tenía a su cargo tampoco la seguridad del inmueble. En el juicio demostró que la guardería contaba con todas las autorizaciones de operación y seguridad que requerían el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y el municipio de Hermosillo. Comprobó también que el incendio comenzó en una bodega de la Secretaría de Finanzas del Gobierno de Sonora, la cual estaba separada de la guardería por una endeble división. Esta bodega gubernamental, en contraste con la guardería, no cumplía con los reglamentos de seguridad ni tenía las autorizaciones correspondientes.
Ha habido una verdadera campaña de linchamiento contra Gómez del Campo. Se le acusa, me imagino, de "portación de pariente prohibido". Su falta es ser prima segunda o tercera de Margarita Zavala, la esposa del presidente Felipe Calderón. Poco importa que la guardería haya venido operando desde 2001, mucho antes de que Calderón ocupara la Presidencia de la República, o de que haya habido poca o ninguna relación entre ambas. El delito de parentesco indebido debe ser perseguido y castigado con severidad.
Me parece triste que una tragedia como la de la guardería ABC no haya servido para extraer las conclusiones razonables que permitirían evitar este tipo de accidentes en el futuro. Estas lecciones se pierden en el ánimo de linchamiento: en la búsqueda de un pez gordo al que se le pueda aplicar un castigo ejemplar. No entendemos que la falta de una cultura de la seguridad es la culpable de ésta y muchas otras tragedias.
Hoy sabemos que la Secretaría de Finanzas de Sonora estableció una bodega, la cual llenó de papeles, en un local adyacente a la guardería porque nadie se atrevió a exigirle a una oficina gubernamental el cumplimiento de los requisitos municipales de seguridad. Sabemos también que tanto el IMSS como las autoridades de Hermosillo fueron negligentes en sus inspecciones de seguridad. La guardería, por ejemplo, no contaba con salidas de emergencia adecuadas, mientras que los techos tenían materiales que emitían gases tóxicos al quemarse, pero las inspecciones nunca lo señalaron.
La inspectora del IMSS que tenía la responsabilidad de revisar el funcionamiento de la guardería contaba con conocimientos de educación y salud, pero no del tema de seguridad. Nunca se le requirió experiencia en ese campo ni habría sido fácil encontrar a alguien que supiera de temas de salud y aprendizaje de infantes así como de protección civil. Por otra parte, los puntos de seguridad que se le pedía verificar, como la presencia de extintores, se cumplían adecuadamente. Los inspectores del departamento de bomberos de Hermosillo dieron el visto bueno a la guardería a pesar del material tóxico en el techo.
Si en lugar de buscar linchamientos políticos tomáramos medidas para generar una cultura de la seguridad, si revisáramos los reglamentos y exigiéramos su cumplimiento, quizá podríamos evitar más muertes de niños en el futuro. Pero eso es lo que menos importa en México. Lo que se busca es un chivo expiatorio al que se pueda linchar públicamente. La muerte de 49 niños no es más que un arma política.
El priista Carlos Bustamante ha asumido la presidencia municipal de Tijuana. Se queja de que su predecesor panista, Jorge Ramos, dejó una enorme deuda. La ciudad hizo obras públicas muy importantes, como la repavimentación con concreto de decenas de grandes avenidas, pero dejó la factura a los siguientes gobiernos. Nuestro actual sistema político ofrece incentivos perversos que promueven este tipo de conducta.
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