T Iene razón el director del Organismo de Cuenca de los ríos Nazas-Aguanaval, cuando expresa en un programa radiofónico, que el Día Mundial del Agua más que motivo de celebración es causa de reflexión, puesto que los problemas relacionados con este recurso en algunas partes del planeta son tan graves que constituyen una amenaza para la vida, tal es el caso paradójico de la Comarca Lagunera, región económica que dispone, junto al Valle de Delicias, Chihuahua, del mayor volumen por unidad de superficie que cualesquier otra parte de la ecoregión Desierto Chihuahuense mexicano, es decir, del norte centro del país.
Hoy en día nadie puede rechazar, a nivel de información científica hasta la percepción cotidiana de gran parte de los ciudadanos, que el problema del agua en La Laguna es el primerísimo de una agenda ambiental que ninguna oficina de los tres niveles de gobierno quiere construir o hacer suya a nivel regional, y fuera de ellas, tal parece que ningún grupo u organismo civil, sea universidad, cámara empresarial, ONG o de otro tipo, puede o tiene la capacidad de convocatoria a la sociedad y el gobierno para sentar a los actores principales involucrados en el manejo del agua, es decir, a los usuarios y las oficinas regulatorias del recurso, apara dialogar en la búsqueda de soluciones a esta compleja problemática.
Ciertamente, cada vez más laguneros nos enteramos que vivimos en una de las cien zonas más contaminadas del planeta, mérito impropio que nos heredan las generaciones que nos precedieron y que nuestra generación no comparte porque sabe que de no atenderse la herencia a las generaciones venideras heredaremos un mayor desastre que el actual. La comprensión de este grandioso lugar en la escala de regiones donde se han manejado inadecuadamente los recursos naturales, ha conducido a que diversos segmentos de la población promuevan una convocatoria al resto de la sociedad y el gobierno para enfrentar, para frenar, remediar o restaurar los daños que hemos provocado a nuestro ambiente.
Tal es el caso de las iniciativas de origen ciudadano que se han venido promoviendo durante la última década por proteger y conservar la biodiversidad en la región, las cuales si bien han recibido apoyos tangenciales o decididos, pero sólo en períodos esporádicos de tiempo por parte de algunas oficinas del sector ambiental gubernamental (salvo CONANP en la Reserva de la Biosfera Mapimí), nadie puede negar que la consistente participación de las ONG→ 's, comúnmente respaldadas por el sector académico y ahora por el empresarial, ha sido decisiva en apoyar las declaratorias de las últimas áreas naturales protegidas locales (Sierra y Cañón de Jimulco en 2003, y Parque Estatal Cañón de Fernández en 2004, a las cuales incluso administraron o administran), para asegurar los procesos y programas de conservación llevados a cabo en ellas, iniciativas que en ocasiones las menosprecian o tratan de desvirtuar los esfuerzos en ellas realizados, como ha sucedido al inicio de la anterior y actual administraciones municipales con la Reserva de Jimulco.
También es público el reconocimiento al esfuerzo que viene realizando el sector empresarial en la búsqueda de soluciones al problema de la contaminación del aire atmosférico, al convocar a los tres niveles de gobierno, al sector académico y a los grupos ciudadanos, en la conformación del Secretariado Técnico para elaborar un Plan de Acción para enfrentar el Cambio Climático, reconociendo con ello que el origen en el deterioro de este recurso natural se encuentra en gran parte de sus actividades económicas, y con esta iniciativa se busca reducir su huella ecológica. De igual forma habrá que reconocer que los esfuerzos por remediar los suelos erosionados o contaminados no han contado con la convocatoria de algún sector de la sociedad lagunera, sino que sólo son acciones aisladas de ganaderos, agricultores u otros dueños o usuarios de este recurso.
Si los recursos naturales son bienes comunes, patrimonio de la humanidad en tanto que son indispensables para la supervivencia de todas las especies de la Tierra, y si su conservación es condición suficiente y necesaria para evitar las alteraciones de los sistemas naturales que rigen la vida en el planeta, entonces los problemas que enfrentamos por el deterioro que sufren, un deterioro ambiental provocado en gran parte por nosotros mismos, son también problemas comunes que requieren esfuerzos colectivos para resolverlos.
Esta es una cuestión fundamental que al parecer vamos entendiendo más allá de los claustros académicos, pero no es algo que observemos entre también una gran parte de los tomadores de decisiones sobre su uso, es decir, entre sus dueños o usuarios, como tampoco ocurre con otra gran parte, quizá la mayor de aquellos que se desempeñan en el servicio público y con la responsabilidad de regular ese uso, a los cuales, para colmo de males, los ciudadanos tenemos que mantener con nuestros impuestos.
Volviendo a la cuestión del agua en La Laguna, debemos reconocer que ya hay algunos esfuerzos que se vienen haciendo por resolver el problema del agua, los cuales si bien son sólo parciales como el Proyecto Irritila, convocado por la CNA y quizá el más importante porque busca aumentar la disponibilidad de agua para las siguientes generaciones al cuidar y recuperar el bosque en la parte alta de la cuenca, a la fecha no parece haber quién convoque o promueva la participación colectiva para resolver este problema, como sucede con la biodiversidad y el aire. Ojalá que pronto surja quien lo haga.