Conflicto. Policías detienen a algunas de las personas que se han manifestado contra la Ley SB1070, frente a la oficina del sheriff del condado de Maricopa en Arizona, Joe Arpaio, en Phoenix, Arizona.
La gobernadora de Arizona, Jan Brewer, interpuso una apelación ante una corte federal para solicitar que se levante la orden de suspensión temporal que impide la aplicación de partes claves de la antiinmigrante Ley SB 1070.
La oficina de Brewer señaló que se busca que la Corte Federal de Apelaciones del Noveno Distrito, en San Francisco, California, otorgue un proceso expedito a la apelación y coloque posiblemente los argumentos orales ante esa instancia para mediados de septiembre próximo.
"La inmigración ilegal es una crisis que el Estado de Arizona no creó y que el Gobierno Federal se ha negado a arreglar", señaló la gobernadora en un comunicado.
La "SB 1070 nos protege a todos, a cada uno de los ciudadanos de Arizona y todos los que estén aquí en nuestro estado de manera legal', aseveró. La Corte Federal de Apelaciones deberá considerar ahora si la juez federal Susan Bolton, quien ordenó la víspera la suspensión de algunas partes de la Ley, se basó en una premisa legal errónea o abusó de su discreción para emitir la orden.
La suspensión de Bolton se mantendrá en forma temporal hasta que la jueza analice en un juicio la legalidad de la SB 1070, que ha recibido siete demandas legales en contra por parte de grupos opositores a la Ley, incluyendo el Gobierno Federal de Estados Unidos.
La apelación de Brewer señala que la decisión que asuma la Corte Federal de Apelaciones es vital para "el derecho de Arizona a establecer una Ley aprobada por su legislatura dirigida a atender el daño irreparable que el Estado sufre como resultado de la inmigración no supervisada e ilegal". La demanda precisa que las partes de la Ley que fueron bloqueadas por la jueza Bolton "son críticas para atender el crimen serio y los problemas económicos y ambientales que Arizona sufre como consecuencia de la inmigración ilegal".
La Ley de inmigración SB 1070, que fue promulgada el 23 de abril pasado y entró en vigencia este jueves, criminaliza la inmigración indocumentada en Arizona.
La legislación autoriza también a los policías estatales y locales a detener a una persona sospechosa de estar en forma ilegal en el país.
Una versión reducida de la SB 1070, sin sus partes más controversiales, entró en vigencia a partir del primer minuto de este jueves en todo el estado.
Cientos de opositores al estatuto han protagonizado a lo largo del día diversos eventos de protesta en Phoenix, la capital estatal, lo que ha conducido a que las autoridades arresten al menos a unas 40 personas.
REFORMA MIGRATORIA
Una reforma migratoria integral es la única solución que resolverá de modo definitivo disputas como la que se vive en Arizona sobre la Ley Estatal de Inmigración, afirmó la Casa Blanca.
El portavoz de la Casa Blanca, Robert Gibbs, aludió a la decisión de la jueza Susan Bolton el miércoles de bloquear la entrada en vigor de pasajes claves de la Ley SB1070 de Arizona, entre ellos la obligación de los agentes de policía de interrogar sobre su situación migratoria a las personas que consideren sospechosas. "Todos entendemos la frustración de Arizona y los estados fronterizos (sobre el problema migratorio) pero creemos que en lugar de un batiburrillo de 50 leyes estatales, el Congreso tiene que actuar para poner en marcha una reforma migratoria exhaustiva", declaró. La demanda interpuesta por el Departamento de Justicia, a la que se debe el bloqueo, "fue lo correcto, y lo correcto ahora, basándonos en el dictamen judicial, es hacer lo que va a ser más difícil, y eso es la reforma migratoria exhaustiva", señaló Gibbs.
El demócrata Luis Gutiérrez, declaró su acuerdo con la decisión de Bolton, que apunta que debe ser el Gobierno Federal el que tenga la última palabra sobre política migratoria.
