La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) aplazó la discusión del primero de una serie de amparos promovidos por Banamex y Bancomer, para analizar nuevamente el proyecto de dictamen del ministro Juan Silva Meza, que propone fallar a favor de las instituciones bancarias.
La decisión se tomó apenas iniciada la discusión sobre el primer asunto, en el que el proyecto propone amparar a Banamex para dejar sin efecto la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Chihuahua, que ordenó a la institución, desde el 4 de septiembre de 2006, pagar a uno de sus clientes mil 462 millones de pesos.
El pago millonario, de acuerdo con la sentencia, sería el resultado de una inversión de 400 mil viejos pesos realizada en 1987, a una tasa superior al 90%, renovada cada mes en las mismas condiciones establecidas en el contrato original.
El juicio en discusión es el más relevante del paquete atraído por la SCJN, pues además de involucrar miles de millones de pesos, enfrenta Banamex contra uno de sus usuarios, representado por el ex senador panista Diego Fernández de Cevallos.
En el proyecto, el ministro ponente Juan Silva Meza consideró fundado el argumento de la institución crediticia, en el sentido de que la tasa pactada era ilegal, porque no se apegaba a las fijadas por el Banco de México y, por tanto, plantea su nulidad.
Sin embargo, al iniciar la discusión, el ministro Salvador Aguirre Anguiano propuso una interpretación diferente, basada en los usos y costumbres bancarios que prevalecían en esa época.
"¿Qué pasa con estas operaciones?: fueron reglamentadas mediante oficios circulares de Banxico, señalando la tasa aplicable al día, como se hacía poniendo en el pizarrón de la institución las tasas fijas que aplicaba en las operaciones pasivas.
Cómo debemos interpretar la cláusula "se renovará en las mismas condiciones: las condiciones serán las generales que priven en el mercado de este tipo de instituciones ¿y cuáles eran?, las que fijaba el Banco de México".
La propuesta del ministro Aguirre, de acuerdo con el presidente de la Corte, Guillermo Ortiz Mayagoitia, implica revisar una cosa juzgada, es decir, el fallo del Tribunal de Chihuahua, que en su momento interpretó el contrato de renovación y estableció su validez.
El ministro Aguirre propuso un receso de unos minutos para analizar los conceptos de violación esgrimidos en el amparo y el presidente consideró que se requería una lectura más detenida del proyecto.
