Pide apoyo. La abogada, Alessandra Soler Meetze.
Aún no entra en vigor la Ley SB 1070 y las autoridades de Arizona ya han comenzado a aplicar las medidas de corte racial que contiene esta norma, al detener a personas por su apariencia, a quienes les exigen que exhiban los documentos que comprueban que están legalmente en Estados Unidos.
Iván Espinoza-Madrigal, abogado de la organización estadounidense Fondo México Americano para la Defensa Legal y Educación (Maldef), que es uno de los grupos civiles que presentó demanda ante la Corte Federal en Phoenix, para que se frene la norma, reveló que entre los clientes que representan hay una decena de casos documentados de este tipo, que fueron entregados a la juez de la causa, como evidencia contra esta Ley.
Así lo indicó al hablar sobre la importancia de la audiencia que se realizó el jueves, en la que la juez federal Susan R. Bolton, recibió para su análisis argumentos, escritos y evidencias, que sustentan la demanda de organizaciones como Maldef y la Unión de Libertades Civiles de América, entre otras, que solicitaron que suspenda la entrada en vigor de la 1070 prevista el 29 de julio.
Indicó que entre las pruebas que se entregaron a la juez, hay testimonios de sus clientes que fueron objeto de trato discriminatorio que contiene esta Ley, a pesar que aún no es vigente, lo que habla de una política antimigrante que vulnera garantías que en los hechos ya se aplican sin entrar en vigor.
SRE INFORMA DE UNA ESTRATEGIA DE DEFENSA
Por su parte, la Secretaría de Relaciones Exteriores informó al Congreso de la Unión la estrategia que siguen en defensa de los mexicanos en Arizona y la aplicación -a sólo unos días- de la ley 1070.
En un oficio se informó de una campaña informativa a través de 100 mil ejemplares impresos titulados ¿Qué es y qué hacer ante la Ley SB 1070? y en los cuales se detalla de "los serios riesgos que entraña para los migrantes y cómo defenderse".
En el oficio se detalla que también se reforzó el funcionamiento del Centro de Llamadas en Arizona, que funciona desde 2008 ante el creciente clima antiinmigrante, "se estableció un centro de llamadas para casos de protección, sin costo para el usuario, con sede en Tucson. Con este fin, 9 empleados laboran en 3 turnos a lo largo de las 24 horas, todos los días del año". La dependencia informó a los diputados que en acciones jurídicas se implementó una estrategia trazada por la consultoría jurídica de la SRE que tiene contemplado un amplio apoyo jurídico a mexicanos que pudiesen verse afectados.
