I Nformar sin hacer la apología del crimen suena bastante bien. Eso pide el mandatario a los medios de comunicación, pero pasa por alto un detalle: frecuentemente esa apología no corre por cuenta de los medios, sino de las autoridades.
Así ocurre al menos cuando frente al crimen, la negligencia, el cinismo, la extorsión o el error político, la autoridad -en su condición de fuente informativa- se hace de la vista gorda, simula actuar, pacta con los actores de esa conducta o practica la más absoluta indiferencia. Por eso, frecuentemente los pactos de silencio derivan en acuerdos de complicidad inaceptables.
Hay acciones, omisiones, actitudes y conductas públicas o privadas, criminales o no, que -cuando las tolera, promueve o solapa un gobierno- terminan por vulnerar la democracia y el Estado de Derecho. Tal como ocurre con las acciones manifiestamente criminales.
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Importa ese asunto porque, de pronto, cobra fuerza la idea de reconocer como únicos criminales sólo a quienes el gobierno cataloga como tales y dejar en la más absoluta impunidad a quienes no entran en ese catálogo, pero igualmente incurren en conductas, prácticas, acciones y actitudes que atentan contra la civilidad, la democracia y el Estado de Derecho.
Como apología del crimen igualmente debería considerarse la inacción del gobierno frente a quienes han hecho de la extorsión o el chantaje político, la negligencia, el cinismo o la omisión su modus operandi para preservar o agrandar privilegios o prebendas, para conservar un puesto o para, a partir de esa conducta, fortalecer su presencia en la escena pública.
¿Ejemplos? Sobran en los sectores público, privado o social. Ejemplos remotos y recientes. La omisión de la autoridad ante ese tipo de actos es tanto como practicar la apología del crimen o, bien, pactar con criminales.
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Ejemplos viejos son la tranquilidad con que Ulises Ruiz y Mario Marín dejan los gobiernos de Oaxaca y Puebla.
Sus conductas, violatorias incluso de derechos humanos, fueron toleradas por arreglos políticos derivados de la compleja elección presidencial de 2006. Ahí, podrán decir misa los poderes Ejecutivo y Legislativo de la Federación, se pactó con criminales. En el caso de Oaxaca, una estela de muertes y desaparecidos sepulta la gestión de Ulises Ruiz, quien todavía con el más absoluto cinismo realiza maniobras para asegurarse un retiro dorado. Dejarlos ir sin rendir cuentas, perdón, es practicar la apología del crimen.
Ejemplo reciente, el apenas ocurrido hace dos meses. La tarde del 15 de septiembre se supo que Néstor Moreno, un alto funcionario de la Comisión Federal de Electricidad, renunció a su puesto, mientras en Estados Unidos corría la información de que el funcionario había recibido un yate, un ferrari y dinero por haber beneficiado con contratos a una empresa. Allá el asunto se ventiló en los tribunales, acá se dio vista a la Función Pública y a la Procuraduría General de la República que, desde entonces, estudian el caso. ¿Esa inacción no es en el fondo la apología del delito?
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Hacia finales de agosto fueron descubiertos los cadáveres de 72 indocumentados, ejecutados por el crimen.
La matanza subrayó el derrame de la actuación criminal al terreno diplomático, cuando menos subcontinental.
La responsable del Instituto Nacional de Migración, Cecilia Romero, formuló declaraciones inaceptables ante al suceso y se aferró al puesto hasta que resolvió dejarlo. Exhibió en su debut al secretario de Gobernación, Francisco Blake, quien -pese a haber determinado el relevo- tuvo que ajustar su decisión a los tiempos y la conveniencia de la funcionaria en cuestión.
¿Qué fue de doña Cecilia? ¿Su partido formuló algún extrañamiento por su particular desempeño en el servicio público o por complicar la ya de por sí compleja situación? No, la inscribió en el padrón de aspirantes a llevar las riendas del partido. ¿No supone eso la apología del cinismo?
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En la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, los tropiezos de su titular no cesan.
Juan Molinar Horcasitas llegó a esa posición tres meses antes de la tragedia ocurrida en la guardería ABC, cuyos servicios fueron subrogados por el Seguro Social cuando él lo encabezaba.
Murieron calcinados aquellos niños y el asunto llegó a la Corte y, si bien Molinar Horcasitas salió librado del asunto, el funcionario ni siquiera tuvo la delicadeza de separarse de la función pública en tanto se dilucidaba su eventual responsabilidad en la tragedia.
Mantuvo el puesto como si aquello fuera una minucia y, en el nuevo puesto, los tropiezos constituyen el sello de su actuación.
El nombramiento de Mony de Swaan, su amigo y colaborador, como presidente de la Cofetel; la baja en la calificación del espacio aéreo mexicano; los términos y el resultado de la licitación en favor de Nextel-Televisa; el subejercicio presupuestal... Tropieza y tropieza, pero no cae porque el arnés de su montura lo sostiene y sí, en cambio, regaña a legisladores y columnistas.
¿No hay algo de apología de la negligencia en el hecho de sostenerlo en el puesto?
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Mucho de los retenes en la mejora de la educación derivan del control corporativo del magisterio.
No hay secreto en ello, sin embargo, el destino de la educación en México se ató a los pactos electorales con la cúpula sindical de ese gremio.
En esa materia, el panismo superó al priismo.
Una y otra vez se ha demostrado que si la mejora de la educación no toca al sindicato, el asunto es imposible.
Sin embargo, el poder político-electoral que representa ese gremio ha hecho al panismo y al priismo pactar con la maestra, como si la educación fuera algo accesorio. Hay algo de extorsión y algo de sadomasoquismo político en esa relación que transa la educación por una serie de posiciones y alianzas políticas. ¿No se venera así la extorsión política?
Extorsiones semejantes se registran por parte de otros cárteles relacionados con los alimentos chatarra, con los concesiones del espacio radio-eléctrico y tampoco frente a ellos reacciona la autoridad.
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Instar a los medios a informar sin hacer la apología del crimen suena bien, pero exige también mirarse en el espejo y salir de la idea que sólo vulneran la civilidad, la democracia y el Estado de Derecho quienes el gobierno inscribe en su catálogo criminal, dejando en la más absoluta impunidad a quienes sin credencial de delincuentes actúan de manera algo más que parecida.
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