Amnistía Internacional pidió a los gobiernos de América Latina y el Caribe derogar las normas que sancionan o permiten el encarcelamiento de mujeres y niñas que buscan o tienen un aborto bajo cualquier circunstancia.
Amnistía Internacional (AI) se sumó a la campaña en favor de la despenalización del aborto en América Latina y El Caribe y demandó a los gobiernos de la región voluntad política y acciones concretas en el respeto y la protección de los derechos humanos de todas las mujeres y niñas.
En el Día por la Despenalización del Aborto, el organismo instó a los gobiernos a hacer realidad ese derecho y a derogar las normas que sancionan o permiten el encarcelamiento de mujeres y niñas que buscan o tienen un aborto bajo cualquier circunstancia.
Mediante un comunicado planteó que cuando se restringe el acceso de ese sector a la información y a los servicios de un aborto legal y seguro sus derechos humanos están en grave peligro.
Criticó que en una región donde la mayoría de países forman parte de convenciones sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer y la Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer (Belém do Pará), Chile, El Salvador y Nicaragua penalizan el aborto en cualquier circunstancia.
Inclusive, abundó, esas naciones penalizan cuando una mujer o niña ha sido violada o cuando la vida de la mujer o niña embarazada se encuentra en peligro.
AI expuso que la prohibición total afecta gravemente la capacidad del personal médico para responder de forma rápida y decidida a las complicaciones que sufren mujeres y niñas durante el embarazo.
La penalización del aborto, abundó, niega a las embarazadas la atención médica que necesitan, lo que "muestra una cruel indiferencia hacia su integridad física y psicológica, y la ausencia de dignidad humana a la que la penalización condena a sufrir a mujeres y niñas".
De igual forma las víctimas de violaciones que quedan embarazadas a consecuencia de ese grave delito se ven forzadas a continuar con el embarazo, independientemente del peligro que ello suponga para su vida, su salud, su bienestar o su voluntad personal.
"La única otra posibilidad es buscar un aborto clandestino e inseguro, lo que pone en peligro su vida y su salud, y por el cual pueden terminar en prisión", resaltó.
Además si una mujer o niña es violada por un familiar la penalización significa que el Estado las obliga a dar luz a su propio hermano o primo, puntualizó.
El organismo resaltó que algunos lugares de América Latina han reconocido las graves violaciones de derechos humanos que resultan cuando el acceso al aborto seguro y legal se prohíbe o se restringe.
Incluso en Cuba el aborto está despenalizado desde hace varias décadas y en la capital mexicana desde 2007.
Dijo que, sin embargo, a pesar de esos avances la realidad en la región es que persisten leyes que castigan el aborto y aunque en la mayoría de los países está permitido en ciertas circunstancias en la práctica no se cumple.
Además, las guías para el personal médico con frecuencia son inexistentes, son poco claras o no se distribuyen, y por lo tanto se utiliza el sistema judicial innecesariamente dejando mujeres y niñas embarazadas sin la posibilidad de ejercer sus derechos, aseveró.
