Apoyan entidades lucha antilavado

Las 32 Procuradurías de Justicia del país acordaron ayer impulsar reformas en los Congresos locales para combatir el delito de "lavado" de dinero, con énfasis en la creación de mecanismos de Inteligencia patrimonial y persecución de prestanombres.

Tras concluir la 24 Conferencia Nacional de Procuración de Justicia, la PGR y los procuradores de justicia dieron a conocer su propósito de llevar adelante la legislación y homologación de los tipos penales de "lavado" de dinero, independientemente de la reforma planteada hace tres meses por el Ejecutivo federal.

El subprocurador jurídico y de Asuntos Internacionales de la PGR, Jorge Alberto Lara Rivera, expuso que este acuerdo surge como resultado de la detección de nuevas formas de "lavado" de dinero en el país, como son las tarjetas de prepago o de débito, a través de operaciones estructuradas.

"Estamos viendo que se están multiplicando las formas de 'lavar' dinero, que ya hay varias maneras que la delincuencia se arregla para 'blanquear' los recursos y las incluyen en el torrente económico lícito, finalmente se generan patrimonios muy importantes de origen ilícito.

"La idea es que las procuradurías tengan los mecanismos jurídicos más propicios y adecuados para poder perseguir y judicializar eficazmente estos delitos, en esta materia existe una concurrencia, si bien es cierto que varios de estos delitos son del orden federal", precisó Lara.

De acuerdo con un documento de la PGR, en este momento 12 estados tienen legislaciones que mencionan algún tipo o modalidad de operaciones con recursos de procedencia ilícita, pero no son homogéneos. Las otras 20 entidades carecen de estos instrumentos legales.

En agosto, el presidente Felipe Calderón presentó una iniciativa al Congreso de la Unión que comprende la prohibición de la compra en efectivo de bienes inmuebles, joyas, vehículos, embarcaciones y aeronaves, a partir de un valor de 100 mil pesos.

También pretende que las casas de juego, los centros cambiarios, los despachos de contadores y abogados, las inmobiliarias y las empresas de traslados de valores tengan la obligación de reportar a la Secretaría de Hacienda las operaciones financieras de carácter sospechoso.

La iniciativa está congelada en el Congreso de la Unión, tras las críticas de legisladores del PRI.

Alfredo Castillo, procurador del Estado de México, afirmó que el consenso entre los procuradores sobre este planteamiento es independiente a la iniciativa del Ejecutivo federal.

"Si bien existen iniciativas de reforma del Ejecutivo federal pendientes de dictaminar en el Congreso de la Unión, la asamblea consideró necesario avanzar en el estudio de ese fenómeno delictivo con el propósito de explorar la posibilidad de establecer nuevos tipos penales relacionados y homologados que fortalezcan los mecanismos de combate", dijo en conferencia.

El subprocurador jurídico de la PGR destacó que un aspecto relevante en el acuerdo es la participación de los Registros Públicos de la Propiedad y la creación de mecanismos que faciliten a los procuradores e investigadores el acceso expedito, directo y eficiente a la información patrimonial y fuentes de inteligencia.

En el cierre de esta reunión, los procuradores dieron a conocer la instalación de un modelo de Redes de Alerta Temprana y buscar el establecimiento de una Base Nacional de Genética Forense.

Otro acuerdo fue exhortar a las instancias correspondientes, en este caso el Poder Legislativo, a llevar a cabo una reforma para que todas las procuradurías estatales puedan tener en sus códigos penales la figura del arraigo y que no sea un instrumento exclusivo de la Subprocuraduría de Investigaciones Especializadas en Delincuencia Organizada (SIEDO).

En reuniones anteriores, las procuradurías han convenido que esta figura legal puedan utilizarla en delitos de homicidio, violación sexual y secuestro.

 FUENTE:SS/DGE. REGISTRO NACIONAL DE CASOS DE SIDA. DATOS AL 30 DE JUNIO DE 2010