Rechazo. Activistas participan en una protesta contra el uso de la burka. EFE
El Consejo de Ministros de Francia dio luz verde ayer al proyecto de Ley que prohíbe el uso del velo islámico en el país, aunque persiste la duda sobre la posición de los legisladores, quienes deberán pronunciarse al respecto este verano.
Para subrayar la importancia del texto, elaborado por la ministra de Justicia, Michele Alliot-Marie, el presidente francés Nicolas Sarkozy abrió la reunión del Consejo de Ministros con una declaración solemne en la cual defendió "el camino correcto, elegido por su Gobierno".
La iniciativa prohíbe a las mujeres usar la burka completa en todos los espacios públicos del territorio francés, bajo pena de una multa de 150 euros y/o tomar cursos de ciudadanía, según reportes del diario Le Figaro.
Para los esposos o cónyuges que obliguen a sus compañeras a utilizar el velo islámico serán sujetos a condenas de un año de prisión y al pago de 15 mil euros de multa.
El documento contempla 6 meses de pedagogía -después de su posible promulgación- antes de proceder con la aplicación de las sanciones para los infractores.
En la reunión, Sarkozy dijo que el Ejecutivo había tomado "conciencia" de sus responsabilidades al actuar sobre un tema relacionado con el respeto de la dignidad de la mujer, y también de los principios fundamentales de la República y de los derechos humanos.
Se prevé que el Parlamento analice el proyecto y lo someta a votación antes que concluya su periodo de sesiones en el verano próximo, y de ser aprobado Francia se convertiría en el segundo país europeo, después de Bélgica, que prohíbe el uso la burka en su territorio.
Sin embargo, aún es incierto el futuro de la iniciativa ya que al parecer resultará difícil que logre consenso entre los diputados -a principios de julio- y entre los senadores -en septiembre-.
Una gran parte del Partido Socialista juzga el texto como inaplicable, el Partido Comunista Francés ya advirtió que no va a votar y Los Verdes dicen que se oponen a una prohibición general.
Por su parte, Amnistía Internacional pidió a los políticos franceses que rechacen el proyecto de Ley.
