Estadísticas. La CNDH tiene registradas 10 mil migrantes o transmigrantes asesinados. NOTIMEX
El Senado aprobó modificaciones a la Ley General de Población para garantizar a los migrantes extranjeros en territorio nacional, sin importar su condición legal, el derecho a presentar quejas en materia de violación de derechos humanos y recibir atención médica.
Luego de la muerte de 72 migrantes en San Fernando, Tamaulipas, presuntamente a manos del crimen organizado, los senadores aprobaron ampliar las disposiciones de artículo 67 de esta ley para garantizar la procuración de justicia en todos los tres órdenes de gobierno.
En el marco de una negociación del Congreso General sobre este ordenamiento legal, se estableció el artículo tercero transitorio para que la Cámara de Diputados asigne en el decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación de cada año los recursos necesarios para cumplir con la nueva obligación del artículo 67 de esta ley.
El texto aprobado establece que los servidores públicos deberán garantizar atención médica a los migrantes y atender sus denuncias por violación de derechos humanos sin la necesidad de informar la presencia de los indocumentados en México a las autoridades del ramo migratorio.
En las modificaciones se establecen sanciones para los funcionarios de la Secretaría de Gobernación que violen derechos humanos de migrantes, que van de una suspensión del empleo por 30 días, hasta la destitución.
ARRAIGAN A LIGADOS A MASACRE Un juez federal arraigó por 40 días a tres hombres presuntamente relacionados con el asesinato de 72 inmigrantes en San Fernando, Tamaulipas.
Autoridades de la Procuraduría General de la Republica (PGR) informaron que están acusados de los ilícitos de delincuencia organizada y portación de arma de fuego de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas.
Estas personas fueron detenidas por elementos de la Secretaría de Marina-Armada de México y ya fueron identificados por el ciudadano hondureño que sobrevivió al asesinato múltiple.
Precisaron que con el arraigo de estas tres personas ya suman ocho las que se encuentran cumpliendo la medida cautelar, por su presunta relación con la matanza de 72 inmigrantes procedentes de Centro y Sudamérica.
