Saludo fraterno. El presidente de España, José Luis Rodríguez Zapatero, saluda al primer ministro de Italia, Silvio Berlusconi.
El Senado italiano aprobó la iniciativa de ley que prevé limitar el uso de intercepciones telefónicas en investigaciones judiciales y de la policía, y prohibir su publicación por los medios de comunicación.
Por 164 votos a favor, 25 en contra y el abandono del aula por parte de senadores de partidos de oposición, la Cámara Alta dio su visto bueno a la normativa.
Sin embargo, para volverse ley del Estado deberá pasar en tercera lectura a la Cámara de Diputados en un tiempo breve, donde se prevé su aprobación y tendrá que ser firmada por el presidente de la República, Giorgio Napolitano.
Según el ministro de Justicia, Angelino Alfano, la ley "es un óptimo punto de equilibrio entre la necesidad de garantizar la privacidad de los ciudadanos y la exigencia de realizar investigaciones (judiciales) profundas".
Pero la normativa ha causado rechazo entre la oposición, los medios de comunicación y la magistratura, que considera que serán penalizadas indagaciones sobre el crimen organizado.
En signo de protesta, legisladores del opositor partido Italia de los Valores ocuparon durante la noche la sede del Senado y debieron ser desalojados antes del inicio de las votaciones.
El líder de esa formación política, Antonio Di Pietro dijo que el parlamento se encuentra en un estado de "ilegalidad" y denunció que una ley de ese tipo no fue aprobada ni siquiera durante el fascismo.
La iniciativa limita el uso de las intercepciones telefónicas en indagaciones judiciales y de la policía. Establece que solamente podrán realizarse cuando se detecten "graves indicios de delito" y por un tiempo máximo de 75 días.
Además permite las grabaciones ambientales sólo por un lapso de 72 horas, aunque veta la instalación de micrófonos ocultos en lugares privados.
La normativa prohíbe, además, la publicación por los medios de comunicación de las escuchas telefónicas y establece multas de hasta 450 mil euros para los dueños de los diarios y de un mes de cárcel para los periodistas.
