El pleno de la Cámara de Diputados aprobó reformas a la Ley Federal de Competencia Económica, que endurecen las sanciones a las empresas que incurren en prácticas monopólicas y las atribuciones de la Cofeco.
Durante la sesión ordinaria en San Lázaro, se aprobó con 386 votos a favor, 15 en contra y dos abstenciones, las reformas que incluyen también al Código Penal Federal, al Código Fiscal de la Federación y la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa.
La bancada del Partido del Trabajo (PT), en voz del diputado Mario Di Constanzo dijo que esta reforma deja intactas las prácticas monopólicas de grandes empresas como Wal-Mart, Cemex y American Móvil, entre otras.
En tribuna, el legislador cuestionó la reforma que le da más atribuciones a la Comisión Federal de Competencia (Cofeco). e ironizó "para qué queremos una comisión con dientes, sino muerde".
Dijo que la reforma limita las multas a los ingresos que estas empresas generan sólo en México y no en el extranjero, lo cual es muy benéfico para estos consorcios, que "se benefician de los paraísos fiscales que existen en México, pero se les cuida en el tema de las sanciones".
De acuerdo con el dictamen avalado y turnado al Senado, la Comisión Federal de Competencia queda como órgano desconcentrado y se le dota de mayor autonomía para temas que involucran derechos fundamentales que requieren estricto balance de poderes.
Se introducen sanciones económicas y se cambia la base de cálculo para pasar de salarios mínimos a ingresos acumulables para los efectos del Impuesto Sobre la Renta (ISR), con lo que se incrementa sustancialmente la misma, homologándola con los sistemas de competencia internacionales más estrictos.
Entre otras sanciones propone multa hasta por el equivalente a 175 mil veces el salario mínimo por declarar falsamente o haber entregado información falsa; multa de hasta 10 por ciento de los ingresos del agente económico por incurrir en práctica monopólica absoluta y ocho por ciento, si la práctica monopólica es relativa.
Multa hasta por el equivalente a cinco por ciento de los ingresos del agente económico por no notificar la concentración cuando legalmente debió hacerse.
Además, sanción económica por el equivalente a 200 mil veces el salario mínimo a quienes participen directamente en prácticas monopólicas o concentraciones prohibidas en representación o por cuenta y orden de personas morales.
Hasta 180 mil salarios mínimos a quienes coadyuven, propicien, induzcan o participen en la comisión de prácticas monopólicas, concentraciones prohibidas o demás restricciones al funcionamiento eficiente de los mercados.
En lo que hace al Código Penal Federal, se propone castigar con prisión de 3 a 10 años a quien incurra en prácticas monopólicas.
Con ello se busca establecer en el marco regulatorio elementos disuasivos con el propósito de que no se cometan prácticas anticompetitivas y se reduzcan los incentivos para los agentes económicos a impedir la competencia y la libre concurrencia.
En materia de fortalecimiento institucional, se impulsa un mayor equilibrio en la toma de decisiones al interior del órgano regulador, en el marco de la relación entre el Secretario Ejecutivo, los Comisionados y el Comisionado Presidente, bajo un esquema de pesos y contrapesos.
Se dota de mayores facultades al Pleno de la Comisión en investir de una mayor capacidad investigadora al Secretario Ejecutivo y en la creación de la figura del Comisionado Ponente.
Además, a fin de dar la mayor certeza jurídica a los agentes económicos, se obliga a que la Comisión Federal de Competencia expida criterios técnicos sobre temas relevantes para la aplicación de la Ley Reglamentaria del artículo 28 constitucional.
Ello con el objetivo de asegurar que los sujetos a dicho cuerpo normativo tengan el mayor conocimiento sobre la manera en que el órgano regulador interpretará y aplicará el marco jurídico correspondiente.
En este sentido, se simplifica el procedimiento para notificar concentraciones, así como la excepción de dicha obligación para aquellas operaciones corporativas que no implican una amenaza a la competencia y la libre concurrencia para elevar la competitividad del país.
Con esta reforma se busca asegurar una mejor inserción de México en los mercados globales; mayor capacidad de los empresarios para competir dentro y fuera del país y generar más y mejores empleos bien remunerados.
Se indica en el dictamen que esta reforma, como parte sustantiva de la del Estado, es indispensable para impulsar el crecimiento económico y el desarrollo del país.
Además debe acompañarse por el diseño de una política de desarrollo industrial, y las reformas fiscal, laboral y educativa para garantizar sus mayores alcances y propósitos.
