En el sexenio no sólo se ha incrementado la presencia militar en las calles, sino también los casos de tortura, allanamiento de morada y violencia contra las personas cometidos por la tropa.
Así lo reconoce la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) en una respuesta de información obtenida vía Transparencia.
En la primera administración panista, la milicia sólo registró un caso de tortura, pero de 2006 a 2010 la cifra se elevó a 24. Respecto a la violencia contra las personas, en el primer periodo la Procuraduría Militar acumuló 22 hechos mientras que para la actual gestión la cifra se disparó a 133 eventos.
El allanamiento de morada se elevó de 5 a 12 casos, y el delito de inhumación (entierro) clandestina de cadáveres escaló de 9 acontecimientos a 40.
Desde 2006, a diferencia de la administración de Vicente Fox, miles de militares han sido desplazados a diversas entidades para participar en la lucha contra el crimen organizado.
Buena parte de los nuevos casos registrados por la dependencia federal ha ocurrido en esa coyuntura.
Por eso mismo, activistas de derechos humanos consideran que las cifras de delitos que admite la Sedena no corresponden a la realidad.
"Nos preocupa que este involucramiento de las Fuerzas Armadas esté operando sin control. Los números dados a conocer por la Sedena sobre delitos cometidos por militares son muy limitados, pues la participación militar en seguridad pública ha dejado graves violaciones a los derechos humanos", señaló Luis Arriaga, director del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez.
Por ejemplo, añadió, de junio de 2009 a junio de 2010, tan sólo en el organismo que él encabeza, se han registrado 80 casos de abuso militar; entre ellos, eventos de agresión física, tortura, detenciones arbitrarias, amenazas con armas de fuego y cateos ilegales.
Mientras, la CNDH acumula un total de 4 mil 266 quejas sobre presuntas violaciones a derechos humanos cometidas por integrantes del Ejército.
Para el general retirado José Francisco Gallardo, los datos proporcionados por la Sedena no concuerdan con lo que realmente padecen los ciudadanos.
"La Defensa Nacional nunca se va a abrir para dar datos específicos, siempre encubren cosas, por lo menos ya reconocen algunos delitos, antes no reconocían nada.
"Por otro lado se trastoca la división de poderes del Estado con la función que tiene el Secretario de la Defensa Nacional de administrar la justicia militar de acuerdo al artículo 29, fracción décima, de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, también puede instruir al Ministerio Público a que accione aunque no haya elementos o al contrario, donde haya elementos, que no pase nada, por ahí se pueden manejar muchas cosas", consideró Gallardo.
Gallardo, quien estuvo encarcelado de 1993 a 2002 por plantear la figura de un Ombudsman militar que vigilara el cumplimiento de los derechos humanos al interior del Ejército, opinó que existe una gran cifra negra en violaciones a las garantías individuales cometidos por militares.
Para Adrián Ramírez, presidente de la Liga Mexicana por la Defensa de los Derechos Humanos (Limeddh), las cifras de la Sedena ocultan números que en realidad son mayores.
"Las cifras merecen todo el escepticismo que pudiéramos tener debido a que el propio órgano militar esté dando cuenta de todo lo que se va denunciando, es obvio que hay un aumento significativo de violaciones graves a los derechos humanos cometidas a manos de militares, pero no se refleja en ese informe dado a conocer por la Sedena", dijo.
Ejemplificó que los casos claros de tortura se pueden observar en la presentación de detenidos, que figuran con el rostro golpeado.
De las 4 mil 266 quejas sobre presuntas violaciones a derechos humanos cometidas por militares, sólo 62 han derivado en Recomendaciones de la CNDH.
De esas recomendaciones, 39 están en etapa de integración, 8 llegaron a causa penal, 4 están archivadas, 4 cayeron en carácter administrativo, en 6 casos no se acreditó la conducta ilícita, y en una se concluyó que no participó personal militar.
Por esas Recomendaciones, 227 militares se encuentran sujetos a investigación, 217 por acciones antinarco (ninguno sentenciado) y 10 por asuntos administrativos (7 sentenciados).
