Las autoridades electorales deben determinar quién subsanará las pérdidas causadas por el operativo, implementado por policías desde hace cuatro días en la Zona Centro.
El diputado priista Fernando Ulises Adame defendió el derecho constitucional de libre tránsito de los ciudadanos y enfatizó que los comerciantes pueden interponer una denuncia civil, para que las autoridades responsables les respondan.
Adame de León dijo estar de acuerdo con los vecinos y comerciantes afectados por el operativo de seguridad, que se mantiene en torno al Consejo Municipal Electoral de Durango y al Instituto Electoral y de Participación Ciudadana (IEPC). Incluso, sugirió que los organismos sean "sacados" del centro de la ciudad, para ya no afectar a más personas en un futuro.
"No deben de estar en sitios así de complicados; por eso me atrevo a señalar que la ciudadanía en ese sentido tiene toda la razón; es incómodo para todos cuando van en su vehículos", agregó.
REPARACIÓN El legislador lagunero afirmó haber comprobado que los comercios que están dentro del cerco de seguridad no tienen clientes y que hay una autoridad responsable de esta situación, así como de las pérdidas económicas que tienen.
En primera instancia, mencionó a la autoridad como responsable de resolver el problema por ordenar el operativo, pero quien dictamine concretamente debe ser un juez en materia civil; recomendó a los comerciantes que recurran a esta instancia para que se ventile su caso y las afectaciones por el cierre de las calles.
Reconoció que la Ley Electoral es clara al indicar que el acceso a las sesiones del Consejo Municipal deben ser abiertas para la ciudadanía.
