La Comisión de Justicia de la Cámara de Diputados aprobó el dictamen de la ley general contra el secuestro, el cual entró así en la recta final del proceso legislativo. La iniciativa podría ser aprobada mañana jueves y remitida de inmediato al Ejecutivo para su promulgación y entrada en vigor.
Esta norma prevé penas de 70 años de prisión a quien mutile o mate a un secuestrado, además de que establece un programa de protección a testigos y ordena que los plagios se persigan de oficio.
La llamada ley antisecuestro es una iniciativa que aprobó el Senado de la República y en la Comisión de Justicia de San Lázaro fue calificada a favor por los legisladores de los siete grupos parlamentarios, que la consideran útil para enfrentar el creciente problema.
El presidente de la Comisión de Justicia, el priista Humberto Benítez Treviño, afirmó que esta ley entrará en vigor en un momento en el que el delito del secuestro se ha incrementado 400% en un lapso de cinco años.
Dio cifras: "En 2005 se cometieron 325 secuestros, y de enero a junio de este año se han denunciado 674 casos, de modo que esa cantidad extrapolada a fin de año podría ascender a mil 248 plagios".
SIGUE EL ANÁLISIS El tema pasará este día a la Comisión de Seguridad Pública en San Lázaro, y se espera una inmediata aprobación, de manera que el dictamen a favor entre al pleno de los diputados este jueves, y en la misma sesión sea votada, eventualmente, por unanimidad.
De esa manera, concluidos los pasos de aprobación en el Congreso, la ley general contra el secuestro será enviada al Ejecutivo para su inmediata publicación en el Diario Oficial y su entrada en vigor.
Benítez Treviño explicó que la ley antisecuestro establece el castigo de cárcel por plagio de 20 años a 40 años; en caso de la modalidad exprés, impone de 25 a 45 años de prisión; si intervienen familiares, de 25 a 55 años. La misma pena aplicará en casos en que los secuestradores allanen el domicilio de la víctima, ejerzan violencia o mutilen al plagiado, y cuando participen elementos de Policía o encargados de la impartición de justicia.
