La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) avaló las reformas para profesionalizar a la Policía Federal Ministerial y que permita dar de baja a sus agentes, cesarlos o destituirlos con mayor facilidad y sin el riesgo de que posteriormente puedan ganar un juicio para que vuelvan a sus cargos.
A lo largo de 11 tesis aisladas la Corte definió la nueva situación laboral de los policías federales, que sustituyeron a la desaparecida Agencia Federal de Investigación (AFI), y respaldó las reformas a la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, que obligan, entre otras cosas, a que todos los elementos cuenten con estudios superiores, profesionales, para que puedan permanecer en el cargo.
El máximo tribunal del país, en una de sus tesis, dejó en claro que los agentes de la nueva Policía Federal Ministerial, perteneciente a la Procuraduría General de la República (PGR), forman parte de un régimen especial en el que no pueden reclamar la afectación de derechos laborales tales como el de la estabilidad del empleo, en caso de ser dados de baja.
Para la Corte los agentes de la policía federal ministerial son empleados públicos "que fueron excluidos de los derechos laborales de los trabajadores del Estado, pero particularmente carecen del derecho a la estabilidad en el empleo y de la inmutabilidad de toda condición de ingreso o permanencia en el cargo".
Además de que los policías tampoco pueden ser catalogados o considerados como empleados de confianza.
