Cabildeada fieramente la alternativa para volverla inocua por parte de las poderosas empresas hegemónicas, en la recta final del actual periodo legislativo se libra aún la batalla del año de cara a la exigencia del país de una reforma a la Ley Federal de Competencia que coloque en jaque real a los monopolios.
Del tamaño del jaloneo habla la zancadilla colocada ilegalmente en el último minuto del anterior periodo por el coordinador de la fracción priista en el Senado, Manlio Fabio Beltrones, al agregar una propuesta alternativa a una minuta aprobada por la Cámara de Diputados, con la idea de integrarla al coctel.
La maniobra, en afán de hacerla menos burda, plantea la exigencia de recoger también otras propuestas planteadas en el Senado por los legisladores Santiago Creel y Rosalía Peredo.
El caso es que ninguna de las propuestas de éstos se integró al proyecto de dictamen que aprobó ayer en lo general el pleno del Senado, reservándose algunos artículos específicos en lo particular que impugnó el PAN.
La manzana de la discordia es, justo, la llamada Ley Beltrones, que en el papel enriquecería la minuta aprobada por la Cámara de Diputados tras corregir y aumentar una propuesta del presidente Felipe Calderón.
Lo cierto es que el punto toral de la propuesta del marrullero priista aunque en el papel vuelve más agresiva la alternativa final para meter en cintura a monopolios, oligopolios y duopolios, en la práctica la empequeñece.
Estamos hablando de las sanciones para las empresas hegemónicas que se involucraron en prácticas monopólicas absolutas, es decir, constituyen un cártel para fijar precios, repartir segmentos de mercado o desplazar la competencia. De acuerdo a la propuesta presidencial integrada a la minuta de la discordia, el castigo sería el equivalente al 10% de la facturación de las empresas en el banquillo en relación con el mercado nacional, lo que a las firmas monopólicas les provocó un escándalo, por más que en Brasil se alcanza el 30%.
Y aunque en Estados Unidos y la Unión Europea también se carga la guillotina con el mismo filo, lo cierto es que el golpe alcanza la facturación total de la compañía en entredicho, incluida, naturalmente, la de sus filiales internacionales.
De ahí que el castigo, por ejemplo, a una empresa como Microsoft, haya alcanzado varios miles de millones... de euros. Imagínese el tamaño de la multa en el caso de multinacionales mexicanas como Televisa, Cementos Mexicanos, Teléfonos de México, Bimbo o Grupo Maseca, en paralelo, a FEMSA o el Grupo Modelo.
Bien, pues, en alarde de gatopardismo, al más puro estilo del escenario político de las décadas de los 40 ó 50, la propuesta Beltrones habla de elevar, ¡válgame Dios!, la multa al doble, es decir, 20% ... sólo que de la facturación del mercado relevante. Lo que en el papel pareciera un colosal incendio provocado por la espada flamígera de la justicia, en la práctica resultará apenas una llamarada de petate.
Supóngase usted, por ejemplo, que Teléfonos de México fuera sometido a un procedimiento por desplazamiento de la competencia en el renglón de interconexión de llamadas vía su red nacional, en ese caso la multa sería calculada sólo sobre la base de su facturación en la materia. Y si se denunciara a Coca Cola o Pepsi Cola en Chiapas por un delito similar, es decir, realizar acuerdos con los canales de distribución al menudeo para desplazar a marcas rivales, el castigo apuntaría sólo a su facturación en la entidad federativa del sureste... con las consiguientes dificultades para realizar la separación contable. De hecho, la fórmula original planteaba una eventual coordinación con el Servicio de Administración Tributaria para empatar las cantidades. Ahora que, en la misma ruta de simular golpazos con perfil de caricias para las firmas gigantes, la iniciativa Beltrones plantea una suerte de borrón y cuenta nueva para la Comisión Federal de Competencia.
Estamos hablando de relevar la totalidad del pleno del organismo con etiqueta de autónomo, bajo el justificante de que ahora los nombramientos deberán ser ratificados por el Senado. El truco es simple: meter una cuña para la politización del asunto, frente a la necesidad de acuerdos políticos para el visto bueno de los nombramientos. El comisionado del PRI, el del PAN, el del PRD... que en la práctica sería el de Telmex, el de Cemex o el de Modelo.
Balas de salva, pues, contra gigantes.
El volado estará en el aire cuando la minuta regrese a la Cámara de Diputados: El interés de los monopolios contra el interés de la Nación.
BALANCE GENERAL
Finalmente la Sociedad Hipotecaria Federal asumió el 75% de la cartera de créditos pendientes de pago de la Sociedad Financiera de Objeto Múltiple "Su Casita", en calidad de dación en pago frente a un adeudo global de 19 mil 531.9 millones de pesos.
Las deudas tienen un valor hipotético de 15 mil 506 millones que, de recuperarse en su totalidad, la intermediaria oficial tendría que pagarle comisiones a otra Sofom y a un banco que se encargarían de administrarlas.
La paradoja del caso es que, pese a ello, la SHF le ofreció un nuevo préstamo a Su Casita por 3 mil 616 millones de pesos, según ello para mantener su viabilidad financiera.
CONSUMO SUSTENTABLE
El próximo jueves, en el marco de la Cumbre contra el Calentamiento Global que se celebra en Cancún, se presentará un estudio de consumo relacionado con la sustentabilidad.
De acuerdo a éste, si bien la principal preocupación de la población del país se centra en la inseguridad y violencia, tres de las cinco prioridades se relacionan con la idea de sustentabilidad. Estamos hablando de manejo del agua, contaminación y basura. De los países encuestados, México se encuentra en segundo lugar en materia de anteponer aspectos medioambientales, sociales y éticos en una decisión de compra frente al abanico de marcas y productos. De hecho, el 64% los considera básicos para adquirir un producto.
Ahora que, a diferencia del 32% de Europa o el 30% de Asia, sólo el 18% considera que la responsabilidad de resolver los problemas ambientales corresponde al Gobierno.
CÓNSUL DE GASERA
Hace unos días centenares de vecinos de la población de Omoa en Honduras, realizaron una marcha que culminó con un plantón frente a las instalaciones de Gas del Caribe, firma encabezada por los empresarios mexicanos Tomás y Enrique Zaragoza.
La acción fue en protesta por la resistencia de la firma en cumplir acuerdos internos e internacionales que le obligan a reubicar cinco gigantescas esferas almacenadoras de gas colocadas a unos metros de la playa del alguna vez paraíso centroamericano.
El lugar ha sido objeto de una depredación ambiental sin precedente en la nación, pese a contar con uno de los fuertes mejor conservados de Centroamérica.
Lo grave del caso es que el cónsul de México en San Pedro Sula, Marco Antonio García Blanco, se ha convertido en defensor de oficio de la empresa, al punto de enviar cartas a los periódicos hondureños que denuncian el atropello.
Se diría que actúa más como empleado de los Zaragoza que como diplomático.
