Indignado. El director del banco del Vaticano, Ettore Gotti se muestra indignado por la resolución.
ROMA, ITALIA.- La fiscalía de Italia refutó las aseveraciones del Banco Vaticano de que éste intenta ajustarse a las normas internacionales contra el "lavado" de dinero y aseguró que las averiguaciones que propiciaron la incautación de 23 millones de euros (30 millones de dólares) de una de sus cuentas muestran "exactamente lo contrario'', según un documento judicial.
Un tribunal italiano rechazó el miércoles una petición del Vaticano para que se restituyera el dinero, pero ante ese fallo la Santa Sede expresó su "estupor", en una señal de que el caso no se resolverá tan rápidamente como ella había vaticinado.
Desde el decomiso de la cuenta en septiembre, el Vaticano y el presidente del banco, Ettore Gotti Tedeschi, han reiterado que las acusaciones resultaron de un "malentendido"' y que la institución, de nombre oficial Instituto para las Obras de Religión, ha procurado cumplir las normas internacionales contra el "lavado" de dinero.
En su documento de tono severo la fiscalía destaca la "voluntad genérica y manifiesta" de cumplir por parte del banco, pero "no hay señal de que las instituciones de la Iglesia Católica avancen en esa dirección".
La fiscalía dijo que la pesquisa de la fiscalía determinó "exactamente lo contrario'".
El documento fue remitido al tribunal como parte del caso de la fiscalía contra el banco.
El portavoz del Vaticano, reverendo Federico Lombardi, dijo ayer que no tenía nada que agregar a su declaración previa.
En conformidad con la investigación, la Policía financiera se incautó el 21 de septiembre del dinero de una cuenta en el banco Credito Artigiano SPA, filial en Roma del Banco Vaticano, después de que la institución informara al Banco de Italia sobre posibles infracciones a las normas contra el "lavado" de dinero.
El grueso del dinero, 20 millones de euros (26 millones de dólares), serían transferidos al banco JP Morgan en Francfort y el resto a Banca del Fucino.
En su documento, la fiscalía parece confirmar indirectamente las versiones de la prensa italiana sobre una ampliación de la pesquisa hacia posibles infracciones en años anteriores vinculadas a hechos de corrupción en Italia, al margen de los dos casos más recientes.
