La espantosa matanza de 72 personas, al parecer indocumentados sudamericanos, volverá a poner a México y al Gobierno de Felipe Calderón en serios aprietos.
A menos de dos días de paladear el triunfo de la Miss Universo, Jimena Navarrete, los mexicanos amanecieron con la terrible noticia de esta múltiple ejecución ocurrida en Tamaulipas, entidad que está prácticamente en manos del hampa organizada.
Según las primeras versiones informativas, los inmigrantes en su mayoría ecuatorianos y brasileños, fueron asesinados por un comando armado por negarse a colaborar como sicarios.
Uno de los heridos logró huir y relató los hechos a elementos de la Marina mexicana quienes posteriormente se enfrentaron a tiros contra los delincuentes.
El grupo masacrado era integrado por 58 hombres y 14 mujeres quienes habían ingresado a México por la frontera de Chiapas y se encontraban en camino a los Estados Unidos para cruzar la frontera de manera ilegal.
Este grave incidente tendrá seguramente una amplia repercusión internacional y colocará de nueva cuenta a México contras las cuerdas para que los enemigos tradicionales lancen sus feroces críticas por la inseguridad que prevalece en el país y por la existencia de estas poderosas bandas de traficantes de personas que operan con tan pasmosa impunidad.
La tragedia en las inmediaciones del poblado San Fernando tiene que poner a reflexionar al Gobierno mexicano sobre sus políticas interna y externa en relación al controversial tema de la inmigración.
Por un lado, México exige una reforma migratoria a Estados Unidos y un trato digno para los indocumentados lo cual es muy loable, pero el Gobierno se hace de la vista gorda y evidencia su ineficacia para combatir a estas desalmadas redes internacionales que utilizan a nuestro país como albergue y trampolín para el manejo de indocumentados en condiciones infrahumanas.
En mal momento ocurre esta barbarie porque los grupos racistas y anti-hispanos que apoyan la ley SB 1070 de Arizona y otras iniciativas discriminatorias, tomarán vuelo para exigir mayor vigilancia y represión en la frontera norteamericana.
Servirá de pretexto además para que los agentes fronterizos de todas las corporaciones federales realicen su trabajo con ofuscación y ocurran casos como el de Anastasio Hernández, muerto a golpes y descargas eléctricas por parte de varios elementos en la frontera de San Ysidro y Tijuana en mayo de este año.
A este periodista le tocó sufrir el martes pasado a las 6 de la tarde, en el carril Sentri por Mesa de Otay, en San Diego, los arrebatos verbales de un agente iracundo porque tardamos más de la cuenta en mostrar los documentos. Si así tratan a un mexicano que cruza con papeles en regla acompañado por su hija de tres años, ¿qué será de los migrantes que llegan a Estados Unidos sólo con la bendición de Dios?
Por todo lo anterior, el Gobierno de Felipe Calderón está obligado a combatir con más eficiencia a las bandas de traficantes humanos cuya voracidad no tiene límites como ya lo hemos visto en la manera como maltratan y esquilman a los inmigrantes de México y de cualquier parte del mundo.
De entrada se requiere una amplia investigación para conocer los hechos a profundidad a fin de fincar responsabilidades y de paso descartar complicidades con policías y militares.
La brutal matanza se registra en la misma entidad en donde hace dos meses fue asesinado el candidato a gobernador del PRI, Rodolfo Torre Cantú, cuyas investigaciones parecen dormir el sueño de los justos.
Curiosamente esta semana Carlos Loret de Mola revelaba en su columna periodística que los cárteles del Golfo y Los Zetas, quienes se disputan Tamaulipas, se deslindaron de la ejecución de Torre que por cierto fue realizada con una pasmosa precisión propia de policías y militares.
¿Existirá otro grupo criminal en Tamaulipas que esté tratando de desestabilizar a la región y de paso a México? ¿Por qué la Procuraduría General de la República mantiene tanto hermetismo sobre el caso Torre Cantú? Esperamos no suceda lo mismo con la matanza de San Fernando.
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