El Poder Judicial de la Federación prepara un sistema de seguridad integral para proteger siete edificios donde laboran jueces y magistrados que llevan procesos contra la delincuencia organizada.
El Consejo de la Judicatura Federal (CJF) convocó el 18 de marzo a una licitación pública para blindar las sedes de los juzgados de procesos penales en los tres reclusorios del Distrito Federal y un edificio de avenida Revolución donde despachan nueve tribunales colegiados en materia penal que son la máxima instancia en estos juicios, además de que ahí se ubica la sede alterna de la Suprema Corte de Justicia.
El sistema también será instalado en las dos sedes de la justicia federal en Ciudad Juárez y Chihuahua, donde si bien no hay penales de alta seguridad, se registran los mayores índices de violencia relacionada con el narcotráfico de todo el país, y en los dos juzgados que atienden el Centro Federal de Readaptación Social Noroeste en Tepic, Nayarit.
Un total de 72 jueces de distrito y magistrados de circuito que resuelven procesos penales laboran en esos inmuebles.
Los sistemas constan de seis componentes: circuito cerrado de televisión, control de acceso vehicular, control de acceso peatonal, registro de visitantes, sistema de control de rondas de vigilancia y dispositivos adicionales.
Todos los ingresos de personal serán controlados con tarjetas digitales de proximidad; los visitantes serán fotografiados, tendrán que pasar por torniquetes electrónicos y quedará almacenado en el sistema quién es su anfitrión; se instalarán barreras vehiculares, y entre los siete edificios, serán colocadas 303 cámaras en total.
Cada edificio contará con un cuarto de control y monitoreo. El fallo de la licitación será anunciado en mayo y el ganador tendrá cuatro meses para instalar todos los sistemas.
MUESTRAN TEMOR
En febrero pasado, el magistrado Miguel Ángel Aguilar López, titular del Sexto Tribunal Unitario en Materia Penal del DF, señaló que los jueces y magistrados federales temen ser asesinados por el crimen organizado.
"Entre nosotros existe temor de que pronto se empiece a matar a jueces y magistrados. Incuestionablemente ya ha habido magistrados muertos en Mazatlán, que las investigaciones nunca terminaron; también un juez federal en Toluca fue muerto y (el acusado) absuelto de su homicidio", dijo al participar en un seminario en la UNAM.
Los casos a los que hacía referencia son los de Benito Andrade y Jesús Alberto Ayala, magistrados ejecutados el 11 de noviembre de 2001 en Mazatlán, y el de René Hilario Nieto, juez federal asesinado el 17 de agosto de 2006 en Toluca.
