"La multitud, cuando ejerce autoridad, es más cruel que los tiranos".
Platón
Ya es algo habitual. Ayer por la mañana se registraron por lo menos siete bloqueos en distintos puntos de la ciudad de México.
Un grupo de unas 30 personas tomó la avenida Centenario para bloquear el acceso a Santa Fe. Dos microbuseros cerraron la que sería vía alterna en estos casos, Las Águilas, con lo que se incomunicó completamente Santa Fe del sur de la ciudad. Un grupo de maestros de Oaxaca, mientras tanto, mantenía un plantón en Avenida Chapultepec frente a las instalaciones de Televisa. Unos 70 transportistas bloqueaban en sus dos direcciones la calzada Ermita Iztapalapa y activistas del Sindicato Mexicano de Electricistas mantenían un plantón en torno al todavía inconcluso edificio del Senado en Paseo de la Reforma.
Las manifestaciones y bloqueos tienen un costo enorme para la productividad de la Ciudad de México. Decenas de miles de personas llegan tarde a sus trabajos, escuelas o citas como consecuencia de estos bloqueos. Muchos pierden ingresos o no alcanzan a llegar a citas médicas.
Desde hace años las autoridades han asumido la posición de que su función no sólo no es la de impedir los bloqueos sino que su obligación es protegerlos y apoyarlos. Así, la policía, en lugar de hacer algún esfuerzo por mantener abiertas las calles, respalda a los manifestantes y plantones con cortes a la circulación.
El Gobierno del perredista Marcelo Ebrard se lava las manos diciendo que los problemas por los que protestan los manifestantes son federales y por lo tanto su administración no tiene por qué intervenir para mantener abierta la circulación de las calles. Sólo lo ordena en algunas ocasiones. El resultado ha sido generar incentivos perversos para que cualquier grupo de personas cierre la circulación.
Ninguna ciudad del mundo tiene ni remotamente el número de manifestaciones, bloqueos y plantones del Distrito Federal. No es que no haya agravios sociales o protestas en otros lugares del mundo. Lo que ocurre es que la policía no permite a los grupos de presión que cierren las calles. El resultado es que a nadie se le ocurre a hacerlo.
Los grupos que llevan a cabo los bloqueos son, con mucha frecuencia, profesionales. Los Panchos Villas, el grupo de Los 400 Pueblos o el de maestros de Oaxaca que ayer bloquearon la avenida Chapultepec y que trataron de ingresar con violencia a Televisa reciben recursos económicos a cambio de sus acciones. Lo que buscan con sus movilizaciones es obtener privilegios del Gobierno. No hay ninguna razón para que la Secretaría de Seguridad Pública respalde sus movilizaciones. Pero como se trata de grupos cercanos al PRD que gobierna la Ciudad de México, se les brinda todo el apoyo para que realicen sus actividades.
Los ciudadanos trabajadores, los que con sus impuestos sostienen no sólo a los manifestantes sino a los funcionarios que los protegen y promueven, son los que pagan los costos de estos bloqueos. Los manifestantes reciben su sueldo precisamente por realizar los bloqueos. A los funcionarios se les paga su sueldo lleguen o no a sus oficinas. Para quienes tienen que buscar su sustento en el trabajo cotidiano, sin embargo, los bloqueos se reflejan en pérdida de ingresos.
La Ciudad de México ha permitido el surgimiento de un sistema realmente perverso de presiones políticas. Es inaceptable que los funcionarios responsables se laven las manos diciendo que no les toca a ellos mantener abiertas las vialidades. No sólo se está haciendo un daño enorme a la productividad de la ciudad, sino que tarde o temprano, ante el vacío que ha dejado la autoridad, los ciudadanos tendrán que tomar la justicia en sus manos para despejar las calles.
Pues si Vicente Fox y Felipe Calderón están empatados en detenciones y decomisos de droga, como dijo el ex presidente desde España, hay claramente un perdedor: es el pueblo de México, que sigue sufriendo las consecuencias de una imposible guerra contra el narco.
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