Ocurrió la semana pasada en Tijuana: el presidente de la Asociación Juvenil Internacional de Taekwondo, Kim Chum Ku, fue extorsionado por cuatro policías municipales quienes le quitaron 500 dólares americanos, 300 euros y 100 dólares canadienses.
Esto pasó cuando viajaba en un taxi durante el campeonato mundial de esa especialidad que se realizó en dicha ciudad. Los policías fueron consignados gracias a que el dirigente coreano presentó una denuncia ante las autoridades.
Sucedió en Reynosa, Tamaulipas: ocho periodistas fueron secuestrados en las últimas dos semanas por narcotraficantes que disputan la plaza y que exigen silencio a los medios de información.
Tres comunicadores ya fueron liberados, aunque uno de ellos murió al parecer por las torturas que recibió, pero cinco permanecen cautivos.
En Tamaulipas, como en otras regiones de México, los medios de comunicación dejaron de publicar críticas contra el narcotráfico y de presentar denuncias por temor a represalias. En San Diego, California, se vivió este drama: la estudiante Chelsea King desapareció el jueves 25 de febrero por la tarde cuando realizaba sus ejercicios en un parque cercano a su casa. Esa misma noche sus familiares y amigos movilizaron a cientos de personas para iniciar una masiva e impresionante búsqueda de la chica o sus restos, habida cuenta que su vehículo fue localizado intacto afuera del parque.
Cuatro días después la policía detuvo al presunto asesino, quien la mató luego de atacarla sexualmente, y 48 horas más tarde descubrieron el cadáver de la menor de 17 años en la orilla de un lago, justo a media milla de donde Chelsea había estacionado su auto.
La noticia trascendió en el Distrito Federal: un informe preliminar de la Suprema Corte de Justicia de la Nación -el máximo organismo de justicia en México-determinó el pasado 1 de marzo que 19 funcionarios federales, estatales y municipales, incurrieron en graves omisiones o negligencias que ocasionaron la muerte de 49 niños en el incendio de la guardería ABC en Hermosillo.
Entre los servidores públicos citados destaca Juan Molinar Horcasitas, ex director del Instituto Mexicano del Seguro Social, y el ex gobernador de Sonora, Eduardo Bours Castelo.
A diez días de esta declaración ninguna autoridad judicial competente -federal o estatal-ha llamado a cuentas a los personajes públicos implicados en esta mayúscula tragedia. Vaya, ni siquiera un citatorio.
Luego de revisar estos casos, la pregunta salta al aire: ¿por qué unos delitos sí se resuelven satisfactoriamente y otros tardan años en resolverse o simplemente quedan impunes?
Parece existir una constante en los incidentes resueltos. Las víctimas o sus familiares exigen de inmediato justicia a las autoridades y se involucran ampliamente en el caso.
El dirigente de Taekwondo no esperó a que su cónsul o embajador lo defendiera. Acudió de inmediato a presentar su denuncia e hizo público su malestar ante los medios de comunicación.
Algo parecido ocurrió en el caso Chelsea, sus familiares saltaron a las calles a buscar a la joven desaparecida y obligaron a las autoridades a meterse en el caso.
No obstante, resulta muy difícil explicar el alto nivel de impunidad en casos graves que ocurren en México como los crímenes contra periodistas y la muerte de 49 criaturas en la guardería ABC.
Si existen tantas leyes, organismos judiciales, abogados, juristas y policías, ¿por qué no se logra la justicia en un país como México?
Hace unos días el presidente Felipe Calderón pedía a los ciudadanos que le dieran soluciones en lugar de críticas para detener el clima de violencia que vive México.
Nuestra recomendación señor Presidente es muy sencilla: limpie a fondo los organismos judiciales y policiacos. Exíjales resultados desde el Procurador hasta al policía más modesto. A los corruptos aplíqueles sanciones muy fuertes con muchos años de cárcel. Usted es abogado y sabe bien que la podredumbre está adentro del sistema mexicano de justicia.
