Colocada en fila la posibilidad de un Reglamento de Mensajería y Paquetería, cuyo retraso acumula ya 16 años, las empresas extranjeras del ramo están presionando para abrir la alternativa, en la coyuntura, de operar como transportistas de carga, en burla a la Ley de Inversión Extranjera.
La trampa, o si lo prefiere el Caballo de Troya, es tan simple como volver sinónimos paquetes y mercancías. Igual un sobre a una carga de materiales o equipos.
En la danza, lo mismo se ubican cabilderos en ruta hacia la Secretaría de Comunicaciones y Transportes o la Comisión Federal de Mejora Regulatoria, quien analiza un prospecto, que se contratan consultores externos para abonar sus argumentos.
El jaloneo, en cuyo eje se abriría la escena al cabotaje, es decir transporte doméstico de carga, se intenta manipular los conceptos de mensajería y paquetería al cerrarles sus límites.
A quién le importa si, de acuerdo a las normas de la Unión Postal Universal sobre peso y dimensiones, se acotan a un peso máximo de 31.5 kilos los paquetes ("debidamente envueltos y rotulados") manejados por las firmas de mensajería y paquetería.
De hecho, en Estados Unidos y Canadá el límite es aún inferior.
Como usted sabe, en el toma y daca de la negociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, México aceptó abrir la frontera a empresas de mensajería y paquetería de Estados Unidos y Canadá.
Del otro lado de la moneda, empero, se pactó una reserva para el transporte de carga doméstica, dejando la actividad sólo para mexicanos, con cláusula de exclusión para extranjeros, en congruencia con lo dispuesto en la Ley de Inversión Extranjera.
De hecho, Estados Unidos mantiene lo misma política, como lo hacen la mayoría de los países.
Sin embargo, se abrió la posibilidad de una apertura gradual para carga internacional, es decir el llevar mercancías de un país a otro, cuyo punto de arranque sería la zona interfronteriza.
La ruta se abriría en 1996, es decir un año después del arranque del acuerdo mercantil.
El caso es que la contraparte incumplió, el compromiso obligando a México a solicitar la integración a un panel de solución de controversias quien le dio la razón, lo que justificó una medida "espejo", es decir "ojo por ojo...".
Finalmente, en el 2007, 12 años después, se iniciaría un "programa demostrativo" de un año para calibrar el impacto de la apertura transfronteriza para un número reducido de empresas de ambos países, alargándose dos más su extensión.
El experimento lo suspendió unilateralmente Estados Unidos en marzo del año pasado, pretextando que el Congreso le prohibió al Departamento de Transporte utilizar fondos para nutrirlo.
Nuestro país respondió con una medida arancelaria, es decir eliminar impuestos de importación preferentes para una serie de mercancías... por más que el golpe resultó inocuo, dada la naturaleza de éstas.
Cachetadita, pues, para que no se diga.
Digamos que mientras el vecino del Norte elude sus compromisos de apertura, sus empresas de mensajería y paquetería la exigen a México, bajo el cobijo de una máscara.
La andanada habla de que la ausencia de un reglamento ha impedido o limitado el tránsito de bienes por caminos federales, vamos que las ha atado de manos, por más que su crecimiento ha sido superior al de la economía.
Según ello, las reservas del TLCAN deben ser leídas a la luz del régimen jurídico vigente, es decir adaptables a las nuevas circunstancias.
Más aún, amenazan con recurrir a la simulación jurídica, concretamente el uso de "testaferros" o la constitución de sociedades elegibles para obtener permisos de la autoridad, a riesgo de asumir las consecuencias en los ámbitos del derecho administrativo y civil.
La ofensiva llega a la ofensa, al exigir que el presidente de la República emita el reglamento como un acto de autoridad, "y no un instrumento negociado y avalado por todos los grupos de interés".
Manotazo en la mesa, le pese a quien le pese.
Por lo pronto, la bolita está en la cancha de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes.
BALANCE GENERAL
Notificada a la Comisión Federal de Telecomunicaciones a las 11 horas la sentencia de amparo a favor de Iusacell dictada por el Juez Noveno de Distrito en Materia Administrativa, quien calificara de inconstitucionales las bases de la licitación del espectro radioeléctrico para telefonía móvil en las bandas de 1.7 y 1.9 megagercios, una hora después, empero, se inició el procedimiento.
La instancia había señalado que el concurso seguiría adelante mientras no recibiera la comunicación oficial de ese y otros recursos promovidos por la firma de telefonía móvil en el Tribunal de Justicia Fiscal y Administrativa.
La comunicación llegó no sólo a la Cofetel, sino a la Comisión Federal de Competencia.
La primera, pues, podría ser acusada de desacato.
Como usted sabe, en la pelea estaban un consorcio integrado por Televisa y la Telefónica estadounidense Nextel, además de 11 empresas del grupo Salinas de Ricardo Salinas Pliego.
SÍ...PERO NO
Al cuarto para las 12 de iniciarse el procedimiento para licitar dos hilos de fibra óptica de la Comisión Federal de Electricidad que le permitirían al vencedor de la pelea tender una red nacional para telefonía fija y banda ancha, la Comisión Federal de Competencia le dio el sí a los participantes.
El problema es que uno de ellos, Iusatel, había sido descalificado por la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, aduciendo que había impugnado judicialmente las bases del concurso, lo que dejó el camino franco al otro participante, es decir el consorcio integrado por la Editora Factum, es decir Televisa; el Grupo de Telecomunicaciones Mexicanas, es decir la Telefónica México, y Megacable, filial de la primera.
De acuerdo a la resolución, la participación conjunta de éstos no afecta el proceso de competencia, al no constituir una concentración excesiva en el servicio de provisión de capacidad de redes de fibra óptica de larga distancia. Los expertos habían objetado el que al menos la Telefónica y Televisa hubieran peleado por separado, lo que garantizaría un mayor equilibrio, además de promoverse una contra prestación más alta.
EMPATE A CERO
De prosperar una propuesta colocada en la mesa por Petróleos Mexicanos, su diferendo con la firma Mexicana de Lubricantes, de la que es socio minoritario, se resolvería vía un esquema salomónico, es decir que uno y otro vendan sus acciones a terceros.
Los papeles se depositarían en un fideicomiso, abriéndose la licitación al mejor postor.
Como usted sabe, la matriz de la compañía, Impulsora Jalisciense, había previsto una suerte de borrón y cuenta nueva con la convocatoria a una asamblea extraordinaria en la que finalmente rendiría las cuentas que en su momento se negó a transparentar.
Fueron diez años de sequía.
En el camino las empresas intercambiaron demandas hasta acumular 68 de ellas.
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