Venezuela empieza a ser conocida más por el número de asesinatos que tienen lugar en sus calles -las cifras promedio suelen formularse en muertos por minuto para transmitir la gravedad de la situación- que por su riqueza petrolera o su récord de victorias en los concursos de belleza internacionales.
Según un estudio encargado por el gobierno venezolano, 19 mil 133 personas fueron asesinadas en 2009. El documento en cuestión fue presentado a puerta cerrada en mayo de 2010, pero se filtró a la prensa el 20 de agosto y su contenido le dio la vuelta al mundo cuando medios como The New York Times dedicaron reportajes al alarmante fenómeno de la inseguridad en Venezuela. ¡Un muerto cada media hora! Poco extraña que la oposición haya hecho de este asunto su caballo de batalla para las venideras elecciones parlamentarias.
Desde 2003, el gobierno de Hugo Chávez se ha rehusado a ofrecer cifras oficiales que permitan apreciar el estado de la seguridad ciudadana y ha prohibido a los funcionarios que den información a los medios. Los reporteros deben trabajar con datos extraoficiales y aproximaciones.
Recientemente, el estamento chavista reaccionó bruscamente cuando dos periódicos publicaron una fotografía que mostraba cadáveres apilados en la principal morgue de Caracas, prohibiéndoles imprimir imágenes similares que "atentaran contra el bienestar psicológico de niños, niñas y adolescentes".
De acuerdo con el periódico Deutsche Welle, Klaus Bodemer, ex director del Instituto de Estudios Latinoamericanos del GIGA, en Hamburgo, aseguró que casi ninguno de los gobiernos de Latinoamérica tiene la criminalidad bajo control.
Un requisito indispensable para poder actuar contra la delincuencia de calle y la violencia que ella genera es la obtención de cifras fiables que describan el fenómeno. Lamentablemente, las estadísticas no reflejan la realidad porque se hacen demasiadas omisiones. Se dice que el 70% de las víctimas de delitos en Latinoamérica no los reportan ante las autoridades.
Las personas se abstienen de denunciar delitos o violaciones de derechos humanos por razones que van desde el miedo a las represalias de los delincuentes o a que la propia policía sea cómplice de los malhechores, hasta la convicción de que las denuncias no sirven de nada porque la Justicia no funciona. Gran parte de la población se ha resignado a convivir con la violencia y ha desarrollado mecanismos para protegerse de ella lo mejor posible, pero eso no ayuda a incrementar los niveles de seguridad en la sociedad ni a reducir el grado de impunidad.
En Venezuela la seguridad ciudadana tiene rango constitucional y se discute sobre aspectos que propician la violencia que durante mucho tiempo no fueron considerados, como la marcada desigualdad socioeconómica en el seno de la sociedad venezolana, sus altos índices de pobreza y la escasez de empleo.
En Caracas hay planes para luchar contra la criminalidad. ¿Por qué no han tenido éxito? Porque los agentes policiales siguen estando mal preparados y muy mal pagados, porque no existe coordinación entre las autoridades pertinentes; en otras palabras, porque lo que está establecido en la Ley no se implementa.
La violencia es un círculo vicioso difícil de romper porque los agentes que la exacerban son complejos. La miserable situación de amplios sectores de la sociedad, por ejemplo, es empeorada por la creciente inflación que, de paso, ha golpeado al mercado laboral y puesto de rodillas a la industria nacional; en Venezuela no queda un sector productivo en pie. Buena parte de la población vive del comercio informal y eso trae consigo toda una serie de problemas psicosociales que estimulan la violencia.
Sobre el hecho de que las instancias gubernamentales venezolanas alegan que algunos medios locales están exagerando la magnitud del problema para usarlo como arma política en contra de Chávez en las elecciones legislativas del próximo 26 de septiembre, el director del Instituto de Estudios Latinoamericanos del GIGA A dijo que a estas alturas hay ya un consenso bastante generalizado en torno a que las políticas de intimidación -la represión policial o la promoción de la pena de muerte como recursos disuasorios- no sirven de nada y la sociedad civil venezolana sabe que hay organizaciones no gubernamentales proponiendo iniciativas muy modernas para enfrentar el problema de la criminalidad y la violencia de calle. Pero el de Chávez es un Gobierno altamente centralizado y él tiende a tomar las riendas de todo.
Entonces, aún cuando las estrategias para la lucha contra la violencia hablen de la importancia de la descentralización de los esfuerzos, Chávez sigue siendo el que da las órdenes y esa es otra de las razones por las que nada parece moverse en esta arena. Una de las peculiaridades del fenómeno de la violencia de calle en Venezuela y otras sociedades regidas por un político autoritario es que, no importa lo exitosas que prometan ser las medidas profilácticas o paliativas propuestas por los expertos en materia de seguridad, a esas ideas no se les dará la oportunidad de ser puestas en práctica.
